Mendoza es la segunda provincia donde más creció el porcentaje de cantidad de personas presas en proporción a su población, sólo detrás de Buenos Aires, desde 2010. La tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes pasó de 155 personas en 2010 a 241 en el 2020 según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Una de las fuentes que nutre el informe es el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), que en el caso de Mendoza recoge datos de cárceles, granjas penales, unidades de adultos jóvenes, cárceles de mujeres, el penal Almafuerte, entre otras unidades.
Las tasas de encarcelamiento -es decir, personas presas en servicios penitenciarios sobre población provincial- creció en todos los distritos –a excepción de Neuquén–, “lo que indica un crecimiento del encarcelamiento mayor que el poblacional”, señala el reporte.
En el cuadro siguiente se muestran las tasas para las provincias que tienen, al 2020, una tasa de encarcelamiento mayor que la de conjunto del país.
Si se toma el período 2000 al 2020, el 83,2% del total de las personas presas se concentran en seis servicios penitenciarios (cinco provinciales y el SPF): Buenos Aires (42.791), SPF (11.470), Córdoba (9.691), Santa Fe (6.465), Mendoza (4.803) y Salta (3.776).
Según el informe, “siempre se mantuvieron estos seis servicios penitenciarios como aquellos con mayor cantidad de detenidos. El único cambio es la posición de Santa Fe que reemplazó a Mendoza en el cuarto lugar a partir del año 2017”.
Sin embargo, el desplazamiento de Mendoza del cuatro lugar no tiene que ver con una disminución en el ritmo de encarcelamiento, sino que, remarca la Procuración, durante el 2018, en Mendoza se puso en funcionamiento el penal de Cacheuta (CPF VI), “con lo cual su disminución de peso relativo no obedece tanto a un menor ritmo de encarcelamiento como al
traspasamiento de parte de presos/as federales de las cárceles de la provincia al SPF”.
Menos presos en pandemia
Los datos globales del informe World Prison Population List (WPPL 13) indican que los niveles de población encarcelada fueron afectados por distintos factores vinculados a la pandemia de COVID-19, registrándose una baja entre mayo y agosto de 2020 en el número de personas presas en muchos países, fenómeno que en algunos Estados se ha mantenido, registrando cifras en los mismos niveles que los de principios de 2020.
“Sin embargo, dentro de estas cifras de conjunto se presentan evoluciones nacionales y regionales diversas y hasta contradictorias que se contrarrestan entre sí”, remarca el informe.
“Para el caso de la Argentina, que desde 2007 hasta 2019 siguió una evolución de crecimiento ininterrumpido de prisioneros/as tanto en términos absolutos como de su tasa de encarcelamiento, registró a fines de 2020 una baja en su población penal total del 2,6% en relación con el registro del año 2019, lo cual esté probablemente vinculado a la coyuntura derivada de la pandemia de COVID-19”.
Prisiones domiciliarias
Otro de los puntos que analizó la Procuración es el uso de la prisión domiciliaria. A nivel nacional, hubo un importante aumento de su utilización, pasando de 8.204 personas con estas medidas, en 2019, a 11.827 en 2020, lo que representa un crecimiento del 44.2%.
Al comparar los datos sobre algunas variables se ponen en duda ideas sobre la utilización de instituto que han tenido cierta difusión, indica.
“Una de esas ideas es que las prisiones domiciliarias se utilizaron, en el marco de la coyuntura planteada por el COVID-19, para sacar presos y presas de la cárcel. Pero si consideramos que en general para aquellos que pasan de la cárcel al encierro domiciliario, se utilizan dispositivos de vigilancia electrónica, vemos que no fueron estos últimos quienes más se incrementaron (28%) sino aquellas personas bajo medidas de arresto y prisión domiciliaria sin dispositivo (58,4%). Esto último estaría indicando un mayor uso del arresto domiciliario en etapas iniciales del proceso por parte de la justicia”, detalló el organismo.
Fuente: Explicito Online
