Política

Denuncian a Vaquié y a un ex ministro mendocino por no rendir fondos de planes ganaderos en 2016

La causa criminal, que ya está en manos de la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos, se apoya en pruebas judiciales y del Tribunal de Cuentas.

Una causa penal por malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario público fue iniciada la semana pasada por el diputado provincial del Frente de Todos, Bruno Ceschín.

La presentación alcanza a Enrique Vaquié, ministro de Economía de Mendoza, y Néstor Guizzardi, ex director de Ganadería de la provincia.

Ceschín denunció haber tomado conocimiento, a través de delegados de la Fundación Coprosamen y de representantes del Colegio Veterinario de Mendoza, de la ”falta de rendición de cuentas en tiempo y forma, procedimientos administrativos irregulares, suposición y exageración de gastos, gastos por servicios duplicados y manipulación de caudales públicos”, durante la ejecución del presupuesto 2016

De acuerdo con la denuncia, publicada por el portal El Otro, y que deberá impulsar la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, a cargo de Javier Pascua, los funcionarios Vaquié y Guizzardi serían los máximos responsables de un manejo ilícito de planes ganaderos, lo que quedó plasmado en la falta de rendición de casi 9 millones de pesos.

Concretamente, el denunciante Ceschín, sobre la base de pruebas instrumentales obrantes en decretos provinciales y fallos del Tribunal de Cuentas, describió en detalle una serie de irregularidades en los denominados planes Toro, Selección de vientres, Vacunación contra la brucelocis caprina y Ley federal de carnes.

“Las evidencias oficiales demuestran la existencia de rendiciones insuficientes e incompletas que, en suma, acumulan un faltante de $8.900.000. Lo que motivó una pena de multa por parte del Tribunal contra Guizzardi, y una demanda civil de Fiscalía de Estado contra la Fundación Coprosamen, que culminó con una sentencia de la jueza María Paz Gallardo que ordenó a la demandada a rendir cuentas sobre los fondos a su cargo“, según El Otro.

Finalmente, la magistrada de primera instancia ratificó lo expresado por el Tribunal de Cuentas y confirmó las irregularidades por casi 9 millones de pesos sin respaldo documental. La sentencia fue cuestionada ante la Quinta Cámara de Apelaciones, y este tribunal de alzada resolvió por unanimidad la improcedencia del recurso planteado.

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