Finalmente, la Justicia le concedió la libertad al titular de ATE Mendoza, Roberto Macho luego de haber sido encarcelado por cortar las calles en medio de un interminable reclamo salarial.
El pedido de revisión de las actuaciones fue tratado por el magistrado Juan Manuel Pina González, quien resolvió que Macho dejara la penitenciaría de San Felipe al analizar los argumentos de las partes.
Eso sí, le exigió cinco condiciones: pagar una fianza de $ 50 mil, firmar “presencia” en la Fiscalía cada 15 días, imposibilidad de salida del país sin autorización judicial, imposibilidad de realizar actos que entorpezcan la investigación, y no volver a cometer delitos.
A lo largo de este miércoles, dirigentes de distintos sectores políticos venían exigiendo la “inmediata liberación” de Macho, detenido el martes por la policía.
Como publicó Diario Mendoza Today, el titular de ATE fue detenido el martes junto a otras tres dirigentes gremiales: su pareja, la secretaria adjunta Adriana Iranzo; y las dirigentes María Rosa Gaete y Graciela Navarro.
Las mujeres recuperaron la libertad mediante el pago de una fianza, en tanto que a Macho lo trasladaron desde la Comisaría 3° hacia el Penal de San Felipe, donde pasó la noche.
El Consejo Directivo Nacional de ATE, liderado por el sindicalista Hugo “Cachorro” Godoy, repudió en un comunicado la detención de los gremialistas, que fueron apresados luego de que “efectivos de la policía provincial cruzaron los patrulleros delante de los automóviles de los dirigentes”, y expresó que el gremio “no permitirá que se criminalice y persiga las luchas de las y los trabajadores”.
La conducción provincial de ATE demanda “hace más de un mes” al gobernador mendocino Rodolfo Suarez un aumento de “emergencia” para los salarios de los trabajadores estatales.
“Deben saber que ni con cárcel van a poder acallar los justos reclamos de los trabajadores”, destacó el secretario del gremio.
Al pedido de liberación de los detenidos también se sumaron dirigentes de distintos espacios políticos.
“La criminalización de la protesta, en ninguno de sus formatos, puede ser considerada una opción por parte de los gobiernos”, dijo vía Twitter el diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.
Y agregó: “Me solidarizo con ATE Mendoza frente a la imputación y detención de su Secretario General”.
En el mismo sentido, se expresó la senadora del FdT y presidenta del Partido Justicialista (PJ) mendocino, Anabel Fernández Sagasti: “Criminalizar la protesta e ir contra el justo reclamo de los trabajadores es la verdadera cara de quién dice ser ‘dialoguista’ y democrático”, tuiteó Fernández Sagasti junto a un comunicado del PJ de Mendoza.
“Las detenciones y encarcelaciones de líderes sindicales ejecutados por la Policía de Mendoza en las últimas horas son inaceptables y violan todos los principios democráticos”, indicó el PJ mendocino.
Además, esta organización amplió el reclamo y denunció un “pedido de captura” contra la dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) Patricia Irrutia.
“El Gobierno de Rodolfo Suárez vende institucionalidad y diálogo, pero reprime y encarcela a sindicalistas y opositores mientras boicotea el proceso paritario”, completó el comunicado.
Por su parte, la diputada por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman consideró al hecho como “una locura antidemocrática” y pidió la “inmediata libertad” de los detenidos.
“Bajo el gobierno radical de Mendoza están deteniendo dirigentes sindicales de ATE por manifestarse en la calle”, expresó la diputada en su cuenta de Twitter.
En la misma sintonía, se manifestó el diputado del FIT-U Nicolás del Caño, quien repudió el “accionar” de la Justicia y el Gobierno mendocino por “perseguir y encarcelar” dirigentes sindicales, sociales y políticos.
“Libertad inmediata a los dirigentes de ATE encarcelados por movilizarse por aumento de salarios”, tuiteó.
Macho fue imputado por el fiscal Fernando Giunta en cinco hechos por “el entorpecimiento de la circulación del transporte público”, que viola el artículo 194 del Código Penal y fue trasladado a una penitenciaria, detallaron fuentes judiciales.
En tanto, su pareja, Adriana Iranzo, secretaria adjunta del gremio, fue imputada en tres hechos por el mismo delito y quedó libre bajo una caución de $50.000, informaron desde el Ministerio Publico Fiscal.
