Narcos en Guaymallén, funcionarios sospechados de Mendoza, y terror a los saqueos

Finalmente, llegó el infierno tan temido. Se hizo carne la palabra más inquietante, aquella que propios y ajenos ocultan a través de efectivos eufemismos en sus discursos: refiere a los saqueos, que explotaron en San Juan este sábado. Con disparos incluidos.

Fue un caso aislado, es cierto, pero la forma en la cual se motorizó la movida es para ir preocupándose ya mismo, no solo por la planificación, sino también por el efecto contagio que provocan este tipo de medidas.

Jamás debe olvidarse que el principio del fin del gobierno de Fernando de la Rúa se dio en el preciso momento en el cual se produjeron los primeros saqueos, los cuales, dicho sea de paso, también arrancaron en la zona de Cuyo, puntualmente en Mendoza.

Lo que preocupa en esta oportunidad es que el ataque se coordinó a través de grupos de Whatsapp. Con una precisión sorprendente. Y con decisión de avanzar allende las consecuencias.

La cuestión es casi matemática: a medida que se vaya complicando la situación económica, con una inflación que ya es insoportable, y con planes sociales que van camino a paralizarse, ¿cuánto más resistirá la situación antes de que legiones de personas se lancen en la misma aventura?

Dicho de otra manera: ¿Cuánto falta para que pierdan sus inhibiciones aquellos que tengan que alimentar a sus hijos y carezcan de posibilidad de hacerlo? ¿Cuál es el límite de la objeción de conciencia cuando apremia el hambre?

Ahora mismo, la “casta” política debería estar prestando atención a lo sucedido en San Juan, porque es una señal de alarma que llama a actuar en consecuencia. Antes de que todo se complique aún más. 

Es una alerta que les cabe al oficialismo y la oposición por igual, sobre todo porque, como se dijo desde esta misma columna hace algunas semanas, empiezan a aparecer inquietantes carteles que repiten la misma consigna que nació en 2001, al calor de la inacción política de aquellos días: “Que se vayan todos”.

Entretanto, los referentes vernáculos van a contramano de los reclamos ciudadanos. Discuten acerca de quiénes serán los candidatos en 2023 -oficialistas y opositores- y se pasan horas y horas debatiendo acerca de la calidad moral de Sergio Massa, flamante “superministro” de Economía.

La sociedad mira expectante, esperando algún tipo de solución concreta ante sus complicaciones, que tienen que ver básicamente con tres tópicos: el desempleo, la inseguridad y la inflación. 

Creer que la llegada de Massa al Ejecutivo Nacional resolverá alguna de esas tres cuestiones es pecar de profunda ingenuidad. No solo porque carece de un diploma de economista, sino también porque fue puesto en ese cargo para “calmar a los mercados” y generar algún tipo de confianza en momentos de creciente turbulencia.

Digresiones aparte, ¿alguien vio alguna vez el diploma de abogado de Massa, quien se recibió “repentinamente” en el año 2013?

Otra: ¿Es verdad que Massa compró una ostentosa estancia de 400 hectáreas en San Andrés de Giles?

Como sea, el plan del kirchnerismo es tratar de resistir hasta el año que viene, nada más. Provocando a su paso la menor cantidad de daño posible, luego de los incesantes desaciertos de Alberto Fernández.

Es lo que intentará Cristina, al menos, con la consiguiente impunidad judicial. Por su parte, Massa hará campaña para intentar entronizarse como candidato a presidente en 2023. Como se dijo, nadie está pensando en los problemas de la gente.

En tal contexto, poco importa quiénes acompañarán al nuevo ministro de Economía en su aventura, ni tampoco qué medidas se anunciarán. Porque lo que debe hacerse es bien sencillo y el kirchnerismo no está dispuesto a hacerlo.

Lo primero es dejar de emitir dinero, para desacelerar por completo la inflación. La segunda, es congelar los ingresos al Estado, para reducir el gasto público.

Respecto de lo primero, la única manera que ha encontrado el gobierno para compensar el fuerte déficit fiscal argentino es imprimir más billetes. Ello no variará.

Con relación a lo segundo, hubo un anuncio al respecto por parte de la efímera Silvina Batakis, quien dijo que no habría más incorporaciones estatales, pero ello duró lo que un “gas” en una canasta.

Los ingresos son incesantes, sobre todo por parte de militantes camporistas, y en cargos directivos. Basta otear el Boletín Oficial cada día para comprobarlo.

En otro orden de cosas, sorprende la designación de Carlos Castagneto al frente de la AFIP. Cuyo único mérito es ser hombre de confianza de Cristina Fernández y amigo “íntimo” de Alicia Kirchner. También fue co creador de la agrupación Kolina. Un hombre corrupto al extremo, como reveló este periodista oportunamente, vinculado a escandalosas tramas de sobreprecios en compras del Estado.

¿Investigará Castagneto a sus logísticos amigos, dueños de la empresa Jose Pedro Beraldi, proveedora exclusiva de YPF y beneficiaria del monopolio de la última milla en Vaca Muerta, aún cuando posee su CUIT bloqueado y aparece sin actividad ni ingresos?

¿Y qué hará frente a la millonaria evasión de Cristina, Alicia y otros de sus amigos K? ¿Caerá sobre ellos con el peso de la ley, como corresponde, o los indultará?

Más allá de lo que haga finalmente, sorprende la suerte que ostenta Castagneto, otrora arquero de Independiente. De impuestos no sabe nada de nada, pero no importa: al kirchnerismo solo le interesa que sepa “atajar” los problemas que los aquejan.

En Mendoza hay de todo, como en botica

Como publicó oportunamente Diario Mendoza Today, en la provincia hubo reuniones entre funcionarios del Ministerio de Seguridad y supermercadistas, ante el temor siempre latente de posibles saqueos. Basados principalmente en la posibilidad de que hubiera infiltrados de Buenos Aires en las marchas que se dieron durante la semana que pasó.

Ello finalmente no sucedió y la tranquilidad se apoderó de propios y ajenos. No obstante, quedan aún otras protestas que se motorizarán en los próximos días, y el antecedente de San Juan inquieta a más de uno. Como se dijo, en 2001 los saqueos comenzaron en Mendoza. Luego se contagiaron a la provincia de Buenos Aires, y finalmente abrazaron todo el país. El final es harto conocido.

Más allá de aquel temor, que ahora mismo tiene en vilo a la sociedad toda, a nivel local crecen las incomodidades en torno a la figura de Pablo Moreno, director de Producción Cultural y Vendimia, a quien señalan por presuntos negociados en beneficio propio merced a su cargo en el Estado mendocino.

Apuntan a su escuela de comedia musical, “Soy Yo”, ubicada en el Club Pacífico, y a otras cuestiones, como el uso del Teatro Plaza para beneficio propio. Cartelería, fondos públicos y otras situaciones, que han empezado a generar escándalo en los pasillos de la municipalidad de la capital mendocina, donde se desempeña su pareja, Maria Laura Fuerte, directora de Cultura comunal. Ella también aparecería implicada en el curro, donde aparecen empresas sospechosas con accionistas ad hoc.

Otro apuntado es Roberto Campos, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud de Mendoza. Ex director de Salud Ocupacional de OSEP, donde lo recuerdan como un verdadero mago: aparecía fichando asistencia, pero nunca iba a trabajar. Actualmente, aparte de su conchabo en el Estado, trabaja en Sancor Salud. Nadie sabe cómo le dan los horarios para estar en los dos lugares al mismo tiempo.

Ricardo Fabian Maradona es otro nombre del cual nadie habla. No es funcionario, solo es el dueño del Porsche 911 GT3 que fue secuestrado hace unos días por la Administración Tributaria Mendoza (ATM) por una millonaria deuda del impuesto automotor. Casi 4 millones de pesos.

Lo curioso es que, no solo tiene variados autos importados, sino que además es proveedor de oxígeno del Estado mendocino. A pesar de las deudas que ostenta, que colisionan con esa posibilidad.

Porque, para cobrar, hace falta presentar mensualmente el pertinente comprobante de cumplimiento fiscal, que solo se obtiene cuando no se tiene deudas. Raro.

Maradona es un hombre de suerte, no solo por el apellido que porta, sino porque pasó de ser un tipo del montón a volverse millonario gracias a su monopolio con el Estado. Baste mencionar que vive en el exclusivo “La Vacherie Country Golf” de Luján de Cuyo.

Y hablando de escándalos: impactó fuertemente la revelación de los elevadísimos sueldos de los funcionarios del Tribunal de Cuentas de la provincia, publicados por Mendoza Today.

Contrastan esos salarios, que superan el millón de pesos, con los esmirriados sueldos de los docentes y médicos que protestan en estas horas en Mendoza.

Ojo, no es potestad solo del oficialismo: en Santa Rosa, donde gobierna el peronismo, los estatales tienen un ingreso inicial que no llega a los 16 mil pesos. El documento al pie no deja mentir.

Finalmente, deben mencionarse las “esquirlas” que dejó por doquier la investigación de este diario sobre el boliche Babilonia de Guaymallén, tapadera de una trama delictiva que incluye el tráfico de drogas.

Aparece allí la figura de un personaje llamado Alejandro Masutti, quien ya fue condenado por narcotráfico en 2017, en el contexto de las trapisondas de una banda denominada “Los facheros”.

En el expediente judicial, en poder de Mendoza Today, se acreditó que Masutti y sus cómplices financiaron la llegada a Mendoza de 620 panes de marihuana ocultos en tachos de 200 litros que hicieron un peso total de 286,305 kilogramos.

La trama es bien pesada y conduce a otra investigación que involucra a las “cuevas” Stefano Canella, diseminadas por doquier en el centro mendocino. Allí se comprobó que se cometían diversos delitos, que también incluirían el tráfico de estupefacientes. Por caso, se secuestraron varias balanzas de precisión, de las que suelen usar los narcos.

Las sospechas apuntan bien alto, a un empresario de medios de Mendoza. Los “testaferros” son Eduardo y Nicolás Bazán.

Las preguntas a esta altura son obvias: ¿Quién le brinda protección a estos sujetos? ¿Cómo es que se mueven con tal impunidad? ¿Por qué nadie jamás habla de ellos?

Este diario ha sufrido fuertes presiones luego de publicar la investigación de marras, que incluyeron amenazas veladas.

También “recomendaciones” de colegas, que aconsejaron no meterse con este tema. “Son gente pesada”, dijeron a este periodista. Coincidieron con funcionarios de Guaymallén que opinaron lo mismo.

Ello decidió a quien escribe estas líneas a presentar una denuncia por amenazas en la Justicia mendocina. El número de la presentación es la D-52502/22.

Se espera que no quede en la nada, como suele ocurrir en esta bendita provincia.