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El mapa de la economía popular en Mendoza y su “proporción” con el sector privado registrado

En 9 provincias del país (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) los inscriptos superan a los trabajadores asalariados del sector privado registrados. ¿Qué onda en Mendoza?

En las últimas semanas, los planes sociales tomaron el protagonismo de la agenda pública, y, en particular, el término “economía popular” resonó mucho en el debate público.

Sin ir más lejos, durante un plenario de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) el 20 de junio último, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuestionó la relación entre la tasa de desocupación y la cantidad de planes sociales, y sostuvo que “el Estado nacional debe recuperar el control” y auditarlos.

La respuesta de algunas organizaciones sociales no tardó en llegar. Desde el Movimiento Evita le contestaron a la Vicepresidenta y dijeron que “reducir la economía popular a los planes es negar la realidad”, mientras que desde la Unión de Trabajadores y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) señalaron que “la economía popular es trabajo, no tercerización”. En tanto, otras figuras del oficialismo y de la oposición se sumaron al debate.

Pero, ¿qué es la economía popular, quiénes forman parte de ella y cómo se sostiene? El portal Chequeado hizo un profundo análisis al respecto, que incluso revela que en Mendoza el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) ostenta 80.463 beneficiarios, mientras que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) llega a 23.2615 personas.

Ello hace que la proporción entre trabajadores de la economía popular y trabajadores del sector privado registrado sea de un 35% (ver mapa interactivo al pie).

 

Qué es la economía popular

No hay una única definición para el término “economía popular”, pero se suele referir con ese concepto a aquellos trabajos que se realizan en un marco de mayor vulnerabilidad que el empleo “tradicional”, en relación de dependencia, con derechos laborales, con un eje empleador-empleado y por fuera de relaciones asalariadas formales. En algunas ocasiones, la economía popular es referida por las organizaciones sociales como la “economía de los excluidos”.

Por lo general, la economía popular suele girar en torno a cooperativas, empresas recuperadas, emprendimientos y talleres familiares, o agricultura familiar.

Según explicó a Chequeado Rafael Rofman, director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el término “economía social y popular” es utilizado para referirse “a la organización de grupos de trabajadores de actividades de muy baja productividad, muy vinculada a la idea de las transferencias de ingresos o recursos por parte del Estado”.

En algunos sectores entienden a la economía popular como un modelo que llegó para quedarse, como afirmó el presidente Alberto Fernández a principios de junio, mientras que otros la consideran una actividad transitoria, en medio del estancamiento económico que atraviesa el país desde hace, por lo menos, una década.

 

Cuántas personas integran la economía popular

Dado que las definiciones de “economía popular” pueden variar, no existe una única cifra, aunque sí existen datos del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Renatep) que pueden dar una idea de las personas que conforman este grupo.

El Renatep es un registro creado en 2020 por el Estado nacional, con el objetivo de formalizar la economía popular y que sirve para “acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera”, según se explica oficialmente. El objetivo del Gobierno, se señala, es “sacar la economía popular de la informalidad”.

Según los datos recopilados entre julio de 2020 y febrero de 2022 son 3.225.268 trabajadores los que están inscriptos en este registro. Pero de acuerdo con estimaciones del director Nacional de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Pablo Chena, el número podría ser incluso mayor, cerca de 8 millones de personas, en función de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

De los datos recopilados, surge que el 57,8% de los inscriptos son mujeres y que el 64,3% tiene entre 18 y 35 años.

Respecto a la educación, el 61,1% de los trabajadores no completaron los estudios obligatorios (inicial, primario y secundario). Y, de los que sí lo hicieron, el 28,7% finalizó el nivel secundario y sólo el 10,2% declaró estudios superiores.

La mayor cantidad de inscriptos está en la Provincia de Buenos Aires (35,9%); siguen Tucumán (6,2%), Salta (5,9%), Chaco (5,8%) y Santiago del Estero (5,7%). El 40,5% restante están dispersos a lo largo del país y ninguna provincia alcanza el 5%.

En 9 provincias del país (Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán) las inscripciones al Renatep superan a los trabajadores asalariados del sector privado registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La prevalencia de mayores inscriptos al Renatep sobre la cantidad de asalariados privados también se ve si se observa por grupos etarios: ocurre en el escalafón de 18 a 24 años (27,1% de inscripciones al Renatep versus 6,7% asalariados privados) y en el de 25 a 35 años (37,3% versus 32,1%).

 

En qué actividades trabajan

Respecto a la rama de actividad de los inscriptos en el registro, el 33,6% entra en la categoría de “Servicios personales y otros oficios” (como servicios de limpieza o peluquería) y el 28,8% a servicios sociocomunitarios (como trabajadores de merenderos y comedores), mientras que el resto de las categorías se distribuye entre comercio popular y trabajos en espacios públicos (11,8%); construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental (8,6%); agricultura familiar y campesina (8,3%); y recuperación, reciclado y servicios ambientales (4%).

Por otro lado, el 59,6% se organiza de forma individual, el 22,9% en organización comunitaria o social, el 7,8% en cooperativas, y el restante se distribuye en pequeños emprendimientos familiares y no familiares (6,8%), proyectos productivos o de servicios inscriptos en el Ministerio de Desarrollo Social (1,7%) y núcleos de agricultura familiar (1,2%).

Además, el 28,4% trabaja en el propio hogar y el 28,1% lo hace en uno ajeno.

Respecto a la situación fiscal, sólo el 7,2% de los trabajadores del Renatep se encuentra inscripto de manera individual en alguna categoría tributaria: el 6,6% está adherido al monotributo social y el resto se distribuye entre las categorías A y D del monotributo. Para revertir estos bajos porcentajes, el Gobierno nacional presentó en diciembre último un proyecto ante la Cámara de Diputados de la Nación para crear un monotributo productivo, con el cual buscará eximir o disminuir la carga tributaria de los trabajadores durante un determinado período, de acuerdo a la categoría en la que estén inscriptos.

 

Cómo se financia

En gran parte, la economía social y popular necesita para sostenerse transferencias de ingresos o subsidios, que pueden darse a través de programas como el Potenciar Trabajo, para financiar los ingresos de los hogares de los participantes y el capital de trabajo necesario para la actividad”, explicó Rofman. “Además la gente trabaja y produce, pero el nivel de productividad que tiene es muy bajo”, agregó el especialista.

El 22,3% de los inscriptos en el Renatep percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5% el Programa Potenciar Trabajo. “El Potenciar Trabajo abarca a una porción menor de la economía popular. El resto tiene otros trabajos en la economía popular, un comerciante o un plomero que trabaja en la informalidad. Esa gente que no recibe el Potenciar Trabajo puede recibir otras transferencias, como la AUH o la Tarjeta Alimentar”, señaló a Chequeado Andrés Schipani, director de investigación del Instituto Universitario Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de California.

“Además, el Estado también transfiere a las cooperativas para que compren maquinaria, capital de trabajo. Esas cooperativas pueden tener gente que tenga el Potencial Trabajo o no”, agregó el especialista.

Como se explicó en esta nota, en diciembre de 2021 (último registro disponible) el Potenciar Trabajo llegaba a casi 1,3 millones de personas, quienes percibían un ingreso mensual de $ 16.500. La resolución que creó el programa establece que la prestación corresponde al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y que se incrementará con cada aumento del SMVM.

Uno de los objetivos del Potenciar Trabajo es lograr que los beneficiarios ingresen al mercado laboral formal. Sin embargo, el Ministerio de Desarrollo Social indicó, en respuesta a un pedido de acceso a la información oficial realizado por el Centro de Datos de Chequeado, que hasta el momento sólo 15.583 personas (el 1,2% del total de beneficiarios) consiguieron un empleo formal.

Según el estudio “Mapa de las políticas sociales en la Argentina”, publicado por el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) y Fundar, una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas, “el Estado invierte -dentro del marco de la ayuda social, directa y urgente- cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal”.

En 2019, por cada peso que se destinaba a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban $11 a programas de cooperativas de la economía popular”detalla el informe.

Los autores -Schipani, Rodrigo Zarazaga y Lara Forlino- advierten que “si el Estado argentino no incrementa su inversión en la promoción del empleo formal en una economía con una alta tasa de informalidad, esto redundará en una disminución progresiva del número de contribuyentes al sistema previsional. A la postre, esto pondrá en jaque la capacidad fiscal del Estado para cumplir sus obligaciones previsionales con los adultos mayores más pobres”.

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