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La Auditoría de Ética Pública de Mendoza versus las insólitas DDJJ de los funcionarios locales

Descontrol, declaraciones que no cierran y un organismo que no hace nada. Por Néstor Bethencourt, para Mendoza Today.

En su presentación en la web, la Auditoría de Ética Pública de Mendoza se describe a sí misma: “Fue creada el 14 de mayo 2018 y su tarea esencial es regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública. Se caracteriza por el responsable, honesto, justo, digno y transparente desempeño, teniendo como misión vigilancia y monitoreo de la transparencia y la ética en el Estado y los ámbitos privados y del tercer sector articulados a él mediante actuaciones por denuncia o de oficio.”

Empezando a revisar las declaraciones juradas de funcionarios, no solo se ve en muchos casos reiterativos ítems en una misma declaración —obvio, es un detalle menor que nadie solicita corregir—, sino también otras curiosidades.

Por caso, todos los avalúos son basados en el valor “fiscal”, con una disimilitud total con la realidad del mercado. Cuando a cualquier hijo de vecino le toca transferir un bien mueble, las tablas que se manejan, tanto en ATM como en los Registros del automotor, no solo están actualizadas, sino que hasta en algunos casos “sobrevaluadas”.

Un botón de muestra es la declaración jurada del funcionario Javier Pedro Massó, director de Industria y Comercio de la Municipalidad de Guaymallén, quién manifiesta ser “Director de Comercio e Industria. Adscripto en Carrera de Turismo, Facultad de Filosofía y Letras- UNCuyo”.

Dicho sea de paso, la definición de adscripción sería: “La situación del agente que es desafectado de las tareas inherentes al cargo en que revista presupuestariamente para pasar a desempeñar con carácter transitorio, en el ámbito Nacional, Provincial o Municipal y a requerimiento de otro organismo, repartición o dependencia, funciones”.

Tal definición contrasta con lo que declara Massó (ver al pie). Ergo, no podría estar ocupando el cargo municipal que ostenta. Las cátedras, se aclara, serían desde al menos el año 2020.

Finalmente, es curioso el valor de la propiedad que declara: menos de 10 mil pesos (también ver al pie). ¿No me la venderá, soy un simple mortal que alquilo. Eso sí, prometo pagar de contado.

En fin, ser funcionario tiene sus privilegios. Como solía rezar una conocida publicidad de tarjeta de crédito.

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