Distribuidoras eléctricas esperan la reglamentación de una moratoria por $350.800 millones con Cammesa: qué porcentaje corresponde a Mendoza

A los desafíos e internas que enfrenta el área de Energía del Gobierno, se le suma el pedido de varias provincias y cooperativas para que se reglamenten los decretos de la moratoria por la deuda que las distribuidoras de electricidad locales mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La deuda ronda los $350.800 millones, cifra que equivale al 0,6% del PBI. El 3,9% de ese total corresponde a las empresas de energía de Mendoza.

En una reunión la semana pasada, el secretario de Energía, Darío Martínez, y el subsecretario, Federico Basualdo, dijeron que la redacción ya está lista y solo falta la firma.

No pagar la energía que se compra es la forma que las distribuidoras del interior tienen para financiarse ante una suba de costos que, señalan, no compensan con los aumentos de las tarifas. En el interior, a diferencia del AMBA, los consumidores vienen afrontando incrementos que no tenían los usuarios de Edenor y Edesur.

Los fondos que Cammesa no cobra los pone el Tesoro para que la administradora pueda pagarles a las generadoras. Según el último reporte del Instituto General Mosconi, estas transferencias registran una tasa de incremento del 243,6% anual hasta abril de este año. Sumaron $355.997 millones y fueron el equivalente a 85% de los giros del primer cuatrimestre para el sector.

La reglamentación que esperan las distribuidoras es la del decreto 88/22, publicado en el Boletín Oficial el 22 de febrero, que en su artículo 16° establece la prórroga hasta el 31 de diciembre del Régimen Especial de Regularización de Obligaciones para las deudas con Cammesa. El esquema que se promueve contempla hasta 96 cuotas mensuales, hasta seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta 50% de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). El decreto reemplazó los artículos 140 y 145 del proyecto de presupuesto 2022, que no fue aprobado en el Congreso.

Según un informe de cobranzas y pagos de Cammesa al 23 de mayo pasado, al que accedió LA NACION, en marzo (último mes de operaciones computadas) la administradora registraba una lista de morosos por $350.803 millones. Edesur y Edenor concentran el 41,5% de la deuda.

Las empresas distribuidoras y cooperativas de Buenos Aires representan el 19,2% del total del rojo; les siguen la Empresa Distribuidora de Misiones (EMSA), con 7,7%, y las cooperativas de Chubut, con 7,4%. Con 6,9% del global de la deuda está la estatal chaqueña, Secheep; con 3,9%, las prestatarias de Mendoza (Edemsa, Edeste y Cooperativa de Godoy Cruz); la riojana Edelar, empresa estatal, acumula 3,6%, y las neuquinas EPEN y CALF, 2,8%.

Con 2,5% está Edersa, de Río Negro. Después se acomodan la estatal cordobesa EPEC, con 2,4%; DPEC, de Corrientes, con 1,8%, y el sistema de Tierra del Fuego, con 0,3% del total adeudado a Cammesa.

En el reporte consta que 44 distribuidoras -en su mayoría cooperativas- firmaron acuerdos de regularización de deudas por el régimen sancionado por Energía en abril de 2021, mientras que hay 32 pendientes. Esos convenios se firmaron con la anterior moratoria, que era de 60 cuotas en vez de las 96 que se pretenden ahora.

Experto del Instituto Mosconi, el economista jefe Alejandro Einstoss advierte que “no hay freno” para la acumulación de deudas con Cammesa y que “siempre” el que termina pagando es el Estado. Recuerda lo ocurrido en 2015, cuando una resolución de la Secretaría de Energía estableció una transferencia para Edenor y Edesur a cuenta de una posterior revisión tarifaria y para compensar los mayores costos.

Hace unas semanas el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, propuso a la Nación compensar la deuda que mantiene la empresa provincial con Cammesa con el reclamo histórico que mantiene el distrito por el punto de coparticipación perdido en 1988. “No se puede mezclar todo; la deuda es de la distribuidora, no de la provincia”, sostiene una fuente de Cammesa.