Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, pidió en las últimas horas que un jury de enjuiciamiento revise la conducta de la jueza de Familia María Elizabeth Lizán por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder, entre otras acusaciones presentadas por empleados de ese tribunal de Las Heras.
El pedido de Garay apunta a la magistrada por incumplimiento de los deberes de funcionario público, malos tratos, abuso de poder y violencia institucional, por lo que ahora el presidente del máximo tribunal convocará al organismo que revisa la conducta de jueces y fiscales para determinar si existen pruebas suficientes contra Lizán.
En principio, un informe emitido por la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte habla de una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.
Los empleados del Tribunal de Gestión Asociada de Familia de Las Heras aportaron pruebas de reiteradas faltas e irregularidades en la labor diaria de la jueza.
La mas grave de éstas, apunta a “el incumplimiento de la Jueza del deber de dictar, controlar y firmar sus resoluciones, toda vez que la magistrada ha delegado o autorizado el uso de sus credenciales en empleados y funcionarios del Tribunal para firmar digitalmente distintos actos procesales, lo que se ha extendido en el tiempo y resulta ser una conducta recurrente de la magistrada”, de acuerdo con la presentación realizada por Garay.
