En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad una serie de cuestionamientos formulados por Sergio Salgado, exintendente de Santa Rosa, contra la sentencia que lo condenó a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos en una causa por corrupción.
Por vía de queja llegaron a la Corte Suprema una serie de planteos de Salgado, que los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti desestimaron por incumplimientos de los recaudos establecidos en el reglamento sobre los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por denegación de aquél, según publica diario Clarín.
En contra de la sentencia, las defensas presentaron recursos de casación, desestimados por la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza.
El 18 de junio de 2018, el Tribunal Penal Colegiado N° 1 de la tercera circunscripción judicial de la provincia de Mendoza condenó a Salgado a cinco años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública, como autor de los delitos de concusión, desobediencia, malversación de caudales públicos y fraude a la administración pública en la modalidad de administración infiel en grado de tentativa, todos en concurso real.
También condenó a Marcial Gustavo Ibarra a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, e inhabilitación absoluta y perpetua para el ejercicio de funciones en la administración pública, por ser partícipe necesario del delito de concusión.
Este delito fue en el marco de una feria provincial, Salgado exigía a quienes iban a comprar allí una contribución en carácter de estacionamiento para los vehículos ($10), recaudación controlada por Ibarra y luego destinada a una caja que era llevada al domicilio de Salgado o a la sede de la intendencia, para su posterior reparto.
En cuanto al delito de desobediencia es por no haber cumplido con un pedido de informes realizado por el Fiscal Adjunto de Investigaciones Administrativas de la Fiscalía de Estado, tendiente a obtener información sobre un proceso licitatorio. En cuanto al delito de malversación de caudales públicos fue relativo a un depósito de un millón y medio de pesos destinado a una finalidad diferente a la que tenía.
Sobre el delito de Fraude a la administración pública está relacionado a una serie de facturas irregulares y al libramiento de cheques para su pago.
En el 2016, el fiscal Santiago Garay pidió detener a un intendente Salgado, jefe comunal de Santa Rosa, está acusado por administración fraudulenta y asociación ilícita. El intendente kirchnerista, que iba por su segundo mandato, denuncia que “han montado un circo”, pero emitió 480 cheques sin fondo y ha dejado quebrada la pequeña comuna del Este provincial de 16 mil habitantes.
