Fallo judicial en una causa por presunta trata laboral podría generar expropiación de tierras por parte del Estado

En silencio, casi sin que nadie se diera cuenta, a fines del año pasado un juez de Mar del Plata emitió una resolución que puede generar un peligroso antecedente. Aunque no son pocos los que creen que tal vez se trate de un pequeño paso en busca de un objetivo mayor.

El 8 de noviembre de 2021, el titular del juzgado federal 3 de la ciudad balnearia, Santiago Inchausti, resolvió en favor de una presunta víctima de trata laboral otorgándole en carácter provisorio el campo donde trabajaba, designando como “depositario judicial” al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La controvertida decisión tuvo lugar luego de un pedido de la Defensoría Pública de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la dra. Inés Jaureguiberry.

En la causa, la 000801/2021, ya elevada a juicio, se investiga la presunta “captación, traslado y acogimiento de personas en situación de extrema vulnerabilidad”, entre ellas, una mujer y su hijo menor de edad, de 11 años, que fueron los beneficiarios de la medida cautelar. Los responsables del lugar, María del Carmen Varacalli y Luis Ramírez, a quienes se les trabó un embargo, fueron procesados por Inchausti el 26 de febrero de 2021 por “trata de personas con fines de explotación laboral”.

Pero el 30 de diciembre, también de 2021, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal marplatense, Juan Manuel Pettigiani, apeló la medida, alegando que “los lotes que integran el predio en cuestión no pertenecen a los imputados, sino que son propiedad” de terceros, de acuerdo al propio Departamento de Catastro de la Municipalidad de General Pueyrredon y a la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad. Aunque resalta que sí son “sus legítimos poseedores”, destacando que lo trabajan “hace 32 años”.

En tal sentido, el representante del Ministerio Público cuestiona que “lo que se ha pretendido durante la instrucción, es garantizar la intangibilidad del bien con el objeto de lograr el decomiso del mismo para asegurar la reparación de la víctima”. Y explica tajante: “Pretenden el decomiso de bienes pertenecientes a terceros”.

En verdad, la apelación del dr. Pettigiani está referida a la designación del INTA como depositario judicial. Como el organismo dependiente del ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca se negó, la mencionada Defensoría de las Víctimas emitió un documento donde hacía saber que se encontraban “en tratativas para coordinar que otra institución pública” pueda asumir dicho rol. A partir de ello, el fiscal ante el TOF dictaminó que “corresponde designar a los imputados como depositarios judiciales de la finca en cuestión y asignar en cabeza de estos la administración de la misma”.

En su pedido al juez Santiago Inchausti, la Defensora de las Víctimas, Inés Jaureguiberry, había puntualizado, con llamativos argumentos, que “de no adoptarse la medida, la víctima se vería obligada a tener que elegir entre abandonar el predio que le sirve de sustento material, o bien explotarlo en condiciones informales, lo cual la expondría al riesgo de posibles represalias, estigmatizaciones o sencillamente la imposibilidad de comercializar en el mercado formal el producto de su trabajo por no contar con los requerimientos regulares del circuito de distribución”.

Sin embargo, el 21 de marzo de 2022, la víctima, de nacionalidad boliviana y cuyas iniciales son PG, prestó testimonio en sede judicial. Su declaración contrasta fuertemente con lo que adujo la funcionaria bonaerense. La mujer dijo, entre otras cosas, que “ahora me dedico a hacer todo yo. Después del allanamiento nos quedamos sin nada para poder trabajar. Ahora, de a poquito, pudimos comprar los elementos para poder volver a trabajar”.Y no dudó: “Yo quiero que esta causa se solucione. Quiero volver a trabajar con mis patrones. Ellos sabían manejar el campo. Con ellos trabajábamos mejor”.

En el mismo sentido, agregó que “actualmente me cuesta mucho hacer todas las tareas. Me gustaría poder volver a trabajar como lo hacía antes en donde los patrones aportaban las herramientas, se encargaban de las ventas, mientras nosotros nos encargábamos de regar, cultivar y cosechar”.

La causa dio inicio el 18 de enero de 2021, cuando cerca de la 5 de la tarde de aquel día personal del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, según le había informado personal de la AFIP que se encontraba en una inspección en la zona rural de Sierra de los Padres, habían encontrado personas en una presunta situación de trata laboral, por lo que de inmediato dieron aviso a la fiscalía federal 1 de Mar del Plata, a cargo de Laura Mazzaferri.

“El día del allanamiento vinieron con policías y la AFIP, tuve mucho miedo”, cuenta la mujer, añadiendo que “me preguntaban cuántas horas trabajaba por día y cuánto ganaba”. A su vez, sostiene que “yo no sabía qué estaba pasando, nadie me explicó nada y después me dijeron que firme en un papel. Me hicieron tantas preguntas que me perdí, hasta marearme”.

El citado Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y fue creado por la ley 26.842 promulgada por el gobierno de la actual vicepresidente Cristina Kirchner el 26 de diciembre de 2012. Desde marzo de 2020 quien coordina las acciones del Comité es un amigo del Papa Francisco: Gustavo Vera. La presencia de Vera genera mucha inquietud. Mucho más cuando también se puede constatar que el dirigente social Juan Grabois tiene a su vez mucho arraigo en la zona.

Por su parte, la Defensoría Pública de Víctima con asiento en la provincia de Buenos Aires fue puesta en funcionamiento el 28 de diciembre de 2020 por Resolución DGN 1284-2020. En el año 2017, se crearon -dentro de la estructura del Ministerio Público de la Defensa de la Nación- 24 cargos de Defensor/a Público/a de Víctimas (uno por provincia y uno para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Prosigue la presunta víctima: “Después de unos cuantos meses, me fue a buscar una mujer que me llevó a declarar a la Defensoría de trata. Yo les dije que me quería quedar en la quinta trabajando. Eso habrá pasado en noviembre de 2021. Desde ese momento no tuve contacto con nadie más”.  

Así mismo, agrega PG que “nunca me dijeron que nosotros íbamos a administrar el campo. Me dijeron que si quería seguir trabajando lo podía seguir haciendo. No les entendí mucho que es lo que querían. Lo único que les pedí es que yo quería seguir trabajando tranquila”. Y remata: “Ahí me dijeron que iban a intentar eso y nunca más me volvieron a llamar”.

Precisamente, la falta de atención que mostró el Estado hacia la víctima motivó una denuncia penal del fiscal Pettigiani contra la mencionada Inés Jaureguiberry, quien desde el día del allanamiento, a pesar de su declamada función, mantuvo apenas una sola entrevista con PG. Es decir, que en el lapso de 13 meses, solo vio una vez a quien debe defender.

“Recordemos que el derecho de la víctima a ser oída en el proceso penal es un derecho constitucional, por tal incuestionable”, sostiene la denuncia, agregando que “lo grave aquí es que la representante de la víctima se ha apartado, de las obligaciones que emanan de la ley 27372, hablando en primera persona, en su propio nombre y no en el de la víctima”. La norma en cuestión, publicada en el Boletín Oficial el 13 de julio de 2017, trata, justamente, sobre los derechos y garantías de las víctimas de delitos.

Según surge del propio testimonio de PG, la dra. Jaureguiberry “ha olvidado cumplir su función, ha obviado informar a la víctima, y lo que es más grave, ha resuelto no pedirle su opinión acerca de su intención de continuar en este proceso y de escuchar su voz acerca de la posible extinción de la acción penal”, señala la presentación judicial del dr. Pettigiani.

Originalmente, las posibles víctimas eran tres. Además de PG y su hijo, estaba su pareja, WR, quien actualmente se encuentra separado de la mujer. Según consta en el propio cuestionario de trata de personas recabado por el personal de la AFIP, la familia vivía en el predio allanado, no se les cobraba alquiler, no se le hacían descuentos de salario y que el mismo es el previamente acordado, teniendo ellos comunicación libre con el entorno, sin tener la necesidad de pedir autorización para salir del predio fuera del horario laboral, del que podían egresar libremente.

Queda claro, además, siempre de acuerdo a los testimonios de ambos vertidos ante el organismo tributario y en sede judicial, que no fueron “captados” para trabajar en la quinta, sino que lo hicieron por voluntad propia. “Yo estaba buscando laburo, busqué, y el hombre (N de R: uno de los imputados, a quien conocía desde hace 20 años) me ocupó”, afirmó WR. Aparte de ello, tenían libertad para desplazarse cuando ellos quisieran.

Los imputados también fueron acusados de obligar a trabajar al menor. Sin embargo, el hombre señaló que “trabajamos solo yo y mi señora (PG), el nene andaba por ahí, le gusta jugar. A veces está aburrido y quiere ayudar, pero yo le digo que no. Se levanta tipo 9 o 10, se prepara y va a la escuela”. Para reforzar lo dicho por WR, el 29 de septiembre de 2021, un testigo declaró que “al nene nunca lo vi trabajando en la quinta, era amigo de mi hija, jugaban, yo vivo a 500 metros, era infaltable al colegio, iba al mismo grado que mi hija”.

El lugar está ubicado en las calles El Mirador y El Monte de Sierra de los Padres, una localidad situada a 20 km de Mar del Plata, siendo éste un campo de 4 hectáreas, y allí se cultivan frutas y verduras, destacándose lechuga, tomate, acelga y perejil, entre otras. Toda la zona se caracteriza por ser un gran cordón frutihortícola

La jurisdicción de General Pueyrredon registra gran cantidad de expedientes abiertos por el delito de trata laboral, con cientos de procesados en el fuero federal penal. El último ocurrió el pasado 10 de diciembre, cuando el juez Inchausti dictó el procesamiento de una pareja de productores agropecuarios y un abogado.

Así lo expresa el propio fiscal Juan Manuel Pettigiani: “La política criminal en materia de trata laboral en la zona está orientada a la defensa de los intereses de una facción política, generando la banalización de un delito grave, a través de la expansión indebida de la figura penal de la trata”.

Y agrega contundente: “A pesar de ello, se siguen iniciando causas y permanecen abiertas muchas de ellas, solo para evitar tener que reconocer la inexistencia de delito alguno, a pesar del transcurso de excesivos plazos y la grave afectación de derechos que ello conlleva, en especial a los productores rurales”.