El Gobierno nacional instaló medidores en el Río Atuel para constatar el caudal que llaga a La Pampa a través de Mendoza, para zanjar la discusión que tiene a ambas provincias en conflicto.
La decisión fue del Ministerio de Obras que conduce Gabriel Katopodis, y se debe a que luego de que la Corte Suprema estableciera el caudal mínimo que debe llegar a La Pampa, “Mendoza no lo ha cumplido e insiste en que para hacerlo necesita de obras que requieren financiación”.
Días atrás, el gobierno pampeano del peronista Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado para que interponga ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una Cautelar Ambiental requiriendo la entrega inmediata del caudal mínimo permanente de 3.2 m3/s del río Atuel, en el límite interprovincial entre esa provincia y Mendoza.
Ese caudal fue el que estableció el máximo tribunal, un punto medio entre el 1.5m3/s que pedía Mendoza y los 4,5 que pedía La Pampa.
La petición requiere la suelta de manera inmediata del agua almacenada en el sistema de embalses y realizar todas las acciones para garantizar la circulación dentro de territorio pampeano del río Atuel, bajo el argumento de detener el avance del daño ambiental y comenzar el proceso de recomposición del ambiente.
En el gobierno de Rodolfo Suarez afirman que el caudal del Atuel ha bajado por la sequía y el calentamiento global, y que se necesitan realizar obras de reencauses para abastecer a La Pampa, pero sin perjudicar a su vez a los productores mendocinos.
La puja Mendoza-La Pampa tiene otro capítulo central con los tironeos de la megaobra de Portezuelo del Viento en Malargüe, con una inversión superior a los u$s1.000 millones. El caso está en manos de Alberto Fernández, quien debe laudar sobre la continuidad del proyecto.
