Este jueves, los organismos de Derechos Humanos de Mendoza cerraron la marcha por el 24 de Marzo con un documento de fuerte sello político que no carece de cuestionamientos a las políticas de presunta persecución instauradas durante el gobierno de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Fue tras una multitudinaria marcha que culminó en las escalinatas de Casa de Gobierno y que reunió a unas 20 mil personas.
En uno de los párrafos más salientes del texto -que fue publicado solo por el portal Explícito– remarcaron la necesidad de una reforma judicial e insistieron en pedir la renuncia de la Corte Suprema de la Nación. Párrafo seguido, apuntaron a la cooptación del Poder Judicial de Mendoza por parte del cornejismo.
“El caso de Mendoza no es distinto a la situación nacional. Por simple mayoría y voto secreto, Cornejo y Suarez han manipulado la conformación de la Suprema Corte, hoy presidida por Dalmiro Garay. Al mismo tiempo el gobierno provincial compone el Ministerio Público con un procurador adicto y adepto a las políticas cornejistas. Esta maniobra ha garantizado la persecución a toda la oposición, a gremialistas, trabajadores y militantes y la impunidad del oficialismo“, señalaron.
El documento puntualiza a su vez: “Presiones indebidas, aprietas y amenazas a juezas y jueces independientes, escandalosos fallos obtenidos de manera fraudulentas en casos de interés público como el ítem Aula, el Código Contravencional, la RTO, el otorgamiento de tierras fiscales, la persecución a la Tupac Amaru, Han impulsado denuncias de organismos de derechos humanos ante la CIDH“.
Luego remarcaron que “se impone elegir una Corte que cumpla con los tratados internacionales y que incluya perspectiva de género en sus fallos”.
“Exigimos la derogación del Código Contravencional en la provincia y sus similares municipales”, remarcaron los organismos. Se trata de una exigencia que está presente en todos los documentos en los últimos años, sobre todo por las implicancias que tuvo el Código, que puso primero en marcha Suarez siendo intendente y luego Cornejo provincializó.
También pidieron, entre otros puntos, el “sobreseimiento de los y las asambleístas que defendieron el agua pura y la ley 7722“, uno de los sectores que aún padece el hostigamiento judicial con causas y citaciones que llevan a los defensores del agua a peregrinar constantemente los pasillos de tribunales.
