la muerte como parte de la vida, autonomía de la voluntad e integridad son algunas de las palabras que se escuchan apenas se menciona en un debate la palabra “eutanasia”.
En el mundo y en Latinoamérica la eutanasia volvió a ser tema de la agenda pública en los últimos meses. Los casos de Martha Sepúlveda y de Víctor Escobar en Colombia, país que ya tiene despenalizada la eutanasia desde 1997 (aunque se aplique desde 2015) volvieron a llevar el debate a nivel mundial.
En España la práctica que avala la muerte provocada intencionalmente para aquellas personas que sufran enfermedades incurables o padecimientos sin posibilidad de cura o tratamiento es legal desde marzo de 2021. Así se suma a la lista de países que la regularon. Entre ellos está Holanda (2002), Bélgica (2002), Luxemburgo (2009), Colombia (2014), Canadá (2016) y Nueva Zelanda (2021).
¿Podrá sumarse Argentina a este listado en 2022? Todo indica que este año será “el” tema de debate en el Congreso y que hay un fuerte consenso. Hasta el momento hay tres proyectos de ley presentados: el de la diputada cordobesa Gabriela Estévez (Frente de Todos), el de los diputados mendocinos Jimena Latorre, Alfredo Cornejo y el puntano Alejandro Cacace (Juntos por el Cambio) y el del senador (que ahora pasará a la Cámara de Diputados) Julio Cobos (Juntos por el cambio). El de Latorre y Cobos son muy similares y su presentación en ambas cámaras se debe a una cuestión estratégica.
Los legisladores tomaron contacto entre sí y están al tanto de los otros proyectos. Los tres fueron presentados con pocos días de diferencia, entre noviembre y diciembre del año pasado. Es casi seguro que pedirán que se acumulen y se discutan en conjunto.
En Argentina existe la ley 26.742 de Muerte digna, del año 2012, que permite que un paciente pueda negarse a tratamientos que prolonguen su vida cuando padece una enfermedad irreversible, incurable o terminal. La ley fue un avance importante en la ampliación de derechos de los pacientes . Pero, ¿qué pasa cuando ya no hay tratamiento que rechazar y el paciente desea poner fin a su vida? Hasta ahora no hay una posibilidad de acabar con la vida propia de manera legal, aunque todos coinciden que la eutanasia existe y sucede –como en todo el mundo– de manera clandestina.
¿Están dadas las condiciones para que se dé un debate serio del tema en Argentina? Legisladores y profesionales consultados por La Voz coincidieron en que perciben un consenso general y un camino transitado en la ampliación de derechos.
“No hay diferencias irreconciliables entre los proyectos así que tendremos que unir lo mejor de cada uno y sacar el mejor posible. Hay consenso social en Argentina en cuanto a la ampliación de derechos y regularlos, viene caminando en ese sentido”, dijo Jimena Latorre.
Desde el espacio de Gabriela Estévez hablaron de la “transversalidad” de la discusión y avizoran un panorama favorable ya que fue presentado desde los dos partidos mayoritarios, además de la solidez jurídica con la que cuentan los proyectos de ley y el consenso que perciben que hay en la sociedad.
Ambos espacios usan la misma fundamentación: el derecho humano a la vida digna, a la libertad y a la autonomía de la voluntad.
Carlos “Pecas” Soriano es médico, magíster en bioética quien tiene más de 40 años de experiencia de trabajo en terapias intensivas. Él creía que la sociedad aún no estaba preparada para este debate hasta que conoció a Alfonso Oliva, un hombre de 36 años con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y que, asegura, cambió su visión.
Alfonso lo convocó en 2018 junto a diputadas, una legisladora y una periodista para pedirles su compromiso en impulsar una ley de eutanasia, aún sabiendo que él no iba a poder gozar de este derecho, por los tiempos que llevan estos procesos. “Salimos todos llorando del encuentro con Alfonso. Él en ese momento sólo podía mover sus ojos, tenía una computadora que leía sus parpadeos para poder comunicarse”, contó al narrar cómo comenzó a trabajar en el proyecto que presentó Estévez en diciembre de 2021. Hoy el proyecto de ley lleva su nombre: “ley Alfonso”
“Lo que proporciona la ley es que bajo ciertas circunstancias como un dolor psíquico o físico insoportable y sostenido que sea imposible de ser revertido con tratamiento médico o paliativo, un médico inyecte una droga para poder morir con dignidad. También permite el suicidio asistido, es decir alcanzarle a la persona las pastillas para que ella misma termine con su sufrimiento”, explicó.
Marisa Herrera es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), participó en la reforma del Código Civil y es asesora del proyecto de eutanasia que presentó Estévez.
