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Manual de Ignacio Purcell Mena, presunto testaferro de Monzer Al Kassar

La libertad de expresión consagrada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, permite “buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole”. En el Derecho, se le reconoce al periodista que de buena fe informa o valora sobre temas de interés público, que no sea punible penalmente ni responda civilmente. Memoria histórica en los asuntos de corrupción, abogados que calumnian para defender a los perpetradores, denuncias de las víctimas y ética del periodismo de investigación. Testimonio.

“¿Por qué esa gente te insulta? Porque todo el mundo detesta a quien se mete a través de su camino… Insultan a quien contradice sus deseos”.

Según declaraciones publicadas el 27 de noviembre de 2021 en el diario “Hoy” de La Plata, Argentina, del abogado bonaerense César Albarracín, su cliente, Ignacio Purcell Mena (IPM) me habría querellado en Marbella, España (1), donde actualmente reside. Sería a raíz de ciertas notas periodísticas de mi autoría publicadas exclusivamente en Argentina, sobre sus antecedentes al filo de la ley en casi tres lustros. Precedentemente vía un correo electrónico del 23 de abril de 2020, el mencionado abogado había asumido representar a IPM. Me hizo entonces saber, en sustancia, que algunas de mis crónicas, fueron tomadas en consideración en juicios contra IPM que tuvieron lugar en Mendoza y Buenos Aires (2). Tanto sería así que su cliente fue condenado por esos juicios en 2019. Le cayó el peso de la ley por haberse valido de una identidad falsa, la de José Alberto Ramos Figueroa, radiografiada en mis investigaciones periodísticas. Entre otras cosas, se debió a que empleó ese nombre ficticio al comprar en 2013 un campo de 3000 hectáreas en Mendoza a la familia López Motta, adquisición que a su vez habría dejado parcialmente impaga, prologo de su expulsión de la Argentina a su país de origen, Chile, en 2019. En síntesis, estaríamos en presencia de una venganza por mi honesta labor profesional. (3)

La aludida querella no la conozco pues no me ha sido todavía notificada judicialmente en Ginebra, Suiza, país de mi residencia legal desde 1980, cuando recibí el refugio político. Es lo que correspondería como en cierto modo implícitamente le transmitiera al abogado Albarracin informándole que yo vivía en Suiza, al responderle negativamente en relación a uno de los 2 correos electrónicos que se acaban de evocar, cuando me preguntara si tenía representación legal en Argentina para evacuar una consulta, alertándome en esas circunstancias utilizando el mail de contacto de mi pagina web: www.juangasparini.com . Sin embargo, ha trascendido recientemente en varios portales argentinos (4), que en esa querella se ventila que yo habría violado el artículo 197 del Código Penal de España durante mi actividad periodística relativa a IPM, el cual prohíbe “descubrir secretos o vulnerar la intimidad” de una persona, probable fundamento del ataque judicial en cuestión. Aprovecho para desmentir la malsana intencionalidad que se me atribuiría y creo que puedo fácilmente demostrarlo en el presente testimonio periodístico.

Con arreglo a la verdad y resumiendo, en el correr de 9 años, concretamente desde el 8 de mayo de 2012 hasta el 30 de abril de 2021, di seguimiento periodístico a las aventuras dentro y fuera de la ley de IPM, un tema sin duda de interés público, pero al hilo de solo 5 crónicas, que se ofrecen al pie, la última el 30 de abril de 2021. (5) De sus entrañas trasluce que el personaje ha sido investigado y/o condenado penalmente en Argentina, España, y Chile. Cabe agregar Haití, cuando lo detuvieran el 21 de julio de 2017, por un pedido de captura lanzado por la justicia federal argentina, mientras IPM tramitaba una visa para viajar a Estados Unidos en el consulado de tal país en Puerto Principe.

Conviene precisar que al cabo de 7 meses de proceso judicial en Haití, IPM fue a continuación extraditado a Buenos Aires, juzgado, condenado y expulsado a Chile en 2019, tras ser “imputado por los delitos de falsedad ideológica de documentos públicos, en su modalidad agravada por tratarse de aquellos destinados a acreditar la identidad de las personas”. Se lo declaró culpable de “falsedad ideológica de instrumentos públicos reiterada en nueve oportunidades, estafa procesal y falsedad de documento públicos”. A tal efecto, utilizó un “cartular ideológicamente apócrifo, para transponer las fronteras del país, y dificultar los controles migratorios, al menos en treinta y siete (37) oportunidades” (6). Se lo expulsó en consecuencia a Chile, de donde evidentemente retornó ulteriormente a Marbella, la cuna de sus actividades que lo han hecho tristemente célebre. Desde allí estaría intentando querellarme, pese a que no he publicado ningún artículo sobre esta especie de infractor serial en España, ni en Suiza, donde vivo hace 42 años. Los 5 publicaciones han sido reproducidas en mi pagina web, no domiciliada en ningún país de Europa Occidental, y tampoco en Argentina.

Por lo cierto y a modo de recordatorio, debo confesar que mi interés profesional por IPM surge al descubrir en 2012 que presuntamente él sería el supuesto testaferro del narcoterrorista sirio Monzer Al Kassar, muy activo en Suiza, España y Argentina, hasta su detención en Madrid el 7 de junio de 2007, extraditado a Estados Unidos el 13 de junio de 2008, siendo condenado en 2010 a 30 años de cárcel por narcotráfico. En su presunta función de supuesto testaferro de Monzer Al Kassar, IPM tendría bajo custodia o administración un “fondo ciego” en Portugal, noticia destapada en mi nota del 29 y 30 de abril de 2021 ya citada, suerte de “bunker” susceptible de almacenar una descomunal fortuna. Su detención en Haití en 2017 tramitando una visa en el Consulado de Puerto Principe de Estados Unidos para viajar a ese país, estaría hipotéticamente vinculada a su motivación de visitar al sirio Monzer Al Kassar y a su secretario, el chileno Felipe Moreno Godoy, en las cárceles estadounidenses donde ambos purgan pena. El segundo es un referente importante en el rastreo que sobrevendrá para establecer la morada de IPM en momentos claves de sus peripecias, exactamente en el chalé de Marbella del exuberante narcoterrorista allí afincado hasta su captura el 7 de junio de 2007.

Ignacio Purcell Mena

Cabe agregar que en ese año 2007, dos meses después que detuvieran a Monzer Al Kassar y a Felipe Moreno Godoy, la revista Interviu publicó un reportaje en su número del 3/9/2007. La foto que ilustra el texto es un retrato significativo de la vida festiva en Marbella. Sobre la cubierta de un yate posan mujeres en trajes de baño. Entre ellas se constata la presencia de IPM, y de su socio histórico, Juan Pablo Sanchez Gasque. El mencionado reportaje aparece consignado en mi nota periodística recapitulativa sobre las actividades de IPM en el mundo del crimen organizado, del 10/5/2017. Sanchez Gasque caería preso ulteriormente, y sería condenado por narcotráfico en 2011, al cabo de una redada de la que escapó IPM, huyendo presumiblemente a la Argentina, como se hará memoria más adelante. En las actuales circunstancias de la cronología de los hechos, luego de cumplir pena y recuperar su libertad, Sanchez Gasque reapareció como socio de IPM en múltiples sociedades instrumentales y de fantasía. Esas evidencias demuestran la conducta de ponerse al abrigo instrumentando de manera misteriosa y abusiva la confidencialidad que aportan esas sociedades pese a las exigencias de la ley e independientemente de su asentamiento en diferentes paraísos fiscales, y en España. Las he enumerado en el correr de mis diferentes publicaciones periodísticas ya citadas, especialmente la última del 29 y 30 de abril de 2021, identificación de sociedades que se pueden consultar al calce de esta crónica, y de la precedente, del 10 de mayo del 2017. (7).

En la maraña de extrañas coberturas que envuelve a IPM se destaca por su valor probatorio de potenciales o cuestionadas infracciones, la española “Inversiones Familiares la Rosa SL”, involucrada en una tentativa de estafa en parte consumada durante la compra de un barco en 2020, atracado finalmente en España. El escándalo tuvo repercusiones judiciales, desmenuzadas en mi nota del 30 de abril de 2021, sin conocer en esa fecha el desenlace que posteriormente tuvo la controversia, en la que IPM debió ceder parte del botín para impedir ir a la cárcel, frente al recurso penal de la víctima del despojo ante los tribunales. En esas “Inversiones Familiares la Rosa SL”, IPM aparece asociado a su esposa, la mendocina María Florencia Vijande, y a Sanchez Gasque, titular del 50% de las acciones, trio mancomunado en la voluntad conjunta, en esta ocasión, de consumar un expolio a sabiendas. (8)

“Dos casualidades se grafican”, dice el proverbio. El ardid utilizado para apropiarse ilícitamente de la totalidad de un bien de otro, no era nuevo en el arsenal de IPM. En dos otras actuaciones de esa índole, de pagar una parte del valor del bien adquirido, y dejar el resto adeudado para siempre, prometiendo escalonadamente pagos que nunca se concretaron, fue empleado en las estafas para arrebatar el campo en Mendoza, previamente comentada, y una nave industrial en Sevilla, a la cual también le puse los reflectores de punta en mi nota del 29 y 30 de abril de 2021, típico estilo de un reincidente obsesivo. Por si esto fuera poco, en Mendoza y Sevilla IPM apeló a promesas de un pago ficticio de lo adeudado, en una imaginaria cuenta del ilusorio “Suisse Bancor Trust”, obligando a la Superintendencia de Bancos de Panama a desligarse de su improbable existencia. Durante su estancia en Mendoza, Argentina, mientras IPM se manejaba con el DNI falso de Jose Alberto Ramos Figueroa para apropiarse ilegítimamente del campo de la familia López Motta a mitad de precio, su mujer se encargó de preservar en las sombras la verdadera identidad de su esposo, apelando exclusivamente ella a la compra de un terreno en el barrio de Chacras de Coria, en Mendoza, con evidente intención de edificar una vivienda familiar, como atestiguan una opción de compra y otra de señár un inmueble, mientras que fundaba con su hermano, German Luciano Vijande, dos sociedades inmobiliarias, e IPM participaba a solas en dos otras, todas en Mendoza. (9)

Ahondando en la presentación cronológica de los hechos reitero que mi curiosidad periodística en la presente oportunidad, la cual terminó anclando en IPM, se debe a un caso mayor y precedente, como he afirmado, el de Monzer Al Kassar, a consecuencia del bloqueo judicial en Suiza de sus cuentas en el Banco Audi de Ginebra a fines del siglo pasado, obra del entonces Procurador General adjunto de Ginebra, Laurent Kasper Ansermet. Entrevisté personalmente dos veces a Al Kassar, una en Ginebra cuando compareciera por la existencia de esas cuentas, relacionadas con el comercio ilegal de armas con los Balcanes, violando el embargo decretado por la ONU debido a la guerra en la ex-Yugoslavia; otra en su residencia del Palacio Mifadil, en Marbella, España, oportunidad en la que conocí paralelamente y al mismo tiempo a su secretario, el chileno Felipe Moreno Godoy, personaje que entrará oportunamente en escena relacionándose particularmente con IPM en párrafos venideros. Por cierto, la entrevista con Monzer Al Kassar, fue publicada, por el diario Clarín de la Argentina, el 31 de mayo de 1998. Consecuentemente soy desde luego coautor con el periodista chileno Rodrigo de Castro, del libro periodístico La delgada línea blanca, publicado en Chile y Argentina en 2000 y 2001, cuyo personaje central es Monzer Al Kassar. El libro fue galardonado el 15 de julio de 2001, en la Semana Negra de Gijón, España, con el “Premio de Literatura de no ficción Walsh Internacional”, considerado la máxima distinción periodística internacional en castellano.

El meollo del premiado libro fue desnudar el frustrado plan de Monzer Al Kassar para instalarse en la Provincia de Mendoza, Argentina, en el periodo de la presidencia nacional del ciudadano argentino con orígenes familiares sirios, Carlos Menem (1989-1999), en simultanea conexión con Chile bajo la dictadura de Augusto Pinochet (1974-1990), donde vivía Yamal Edgardo Bathich, un primo de Al Kassar. El narcodiseño consistió en obtener la nacionalidad argentina para Al Kassar y un grupo de cómplices de similar origen sirio, comprando tierras en Mendoza con el pregonado pretexto de “plantar jojoba”, en realidad aspirando a reproducir el modelo que no pudo concretar en el Valle de la Bekaa del Líbano: sembrar y cosechar alucinógenos, y traficar en consonancia concertado esta vez con su primo en Chile, amparado por la dictadura de Augusto Pinochet. El gobierno de Carlos Menem, acogió con los brazos abiertos a Al Kassar y su séquito, otorgándole irregularmente la nacionalidad argentina, lograda en la citada provincia argentina de Mendoza. Accedió a la misma en 1992, aunque sería anulada en 1994 por la intervención judicial de Corte Suprema, debido a irregularidades en los datos que aportara para conseguirla. Tanto fue así que la máxima jurisdicción lo condenó luego en 2011 por «falsedad ideológica de documentos migratorios y de identidad», despojándolo inapelablemente de la identidad argentina.

En aras de continuar respetando la cronología de los hechos, debe contextualizarse que invitado posteriormente como panelista a la Semana Negra de 2015 en Gijón, Asturias, España, durante los intercambios con otros periodistas, fotógrafos y personalidades culturales y lectores en general durante distintos eventos y debates, una fuente que sería desgraciadamente abatida años después por la pandemia del coronavirus, me facilitó fotos de su propia cosecha que he utilizado en mis coberturas periodísticas, incluyendo la presente, y la copia completa de un sumario que remonta a comienzos de junio de 2006, en Marbella, España, por del cual IPM fue declarado culpable de “estafa, falsedad y usurpación de identidad”, y condenado por “desplazamiento de propiedad” de una persona previamente fallecida. Lo curioso es que la ficha policial de IPM que figura en ese expediente inscribe como su domicilio c/Atalaya Rio Verde No. 4, Puerto Banús, Marbella -o sea el de Monzer Al Kassar-, y solicita que se avise de su detención a Felipe Moreno Godoy, -es decir al secretario de Al Kassar-, asimismo con paradero en aquel Palacio Mifadil de Marbella, con número de teléfono desgraciadamente incompleto debido a la deslucida fotocopia del documento policial correspondiente, concebido durante su detención en la Dirección General de Policía el 1 de junio de 2006. Casualmente un día antes, el 30 de mayo de 2006, IPM había firmado su pedido de autorización de residencia en Marbella, alegando acreditación de “arraigo”, desconociéndose hoy en día en que estado se encuentra su periplo migratorio. Entre tanto, en mi nota periodística del 30/6/2014, hice conocer la existencia de una carta manuscrita de Felipe Moreno Godoy redactada en su encarcelamiento estadounidense a su “querido amigo” IPM, fechada el 28 de febrero de 2008, misiva que confirma la intención de IMP de conseguir la nacionalidad española, carta probablemente abandonada en uno de sus domicilios en Marbella, al darse precipitadamente a la fuga, buscado por la policía en una investigación penal por narcotráfico, cuyo sumario español del 2011 se aportará también en el presente testimonio periodístico. (10)

Sin abandonar los sucesos acaecidos en torno al 2006, es de resaltar que IPM cometió en ese año en España uno de los hechos más aberrantes de su historial delictivo, suceso que lo priva de la mínima autoridad moral para querellarse contra periodistas que se remiten a cumplir con su trabajo de informar a la opinión pública sobre sus actos en perjuicio del prójimo, que siguen conmoviendo la sociedad española. La revelación fue publicada en el medio digital español de solido prestigio, “Voz Populi” el 14 de julio de 2020, dirigido por el conocido periodista español Jesús Cacho, artículo firmado por el periodista Tono Calleja, quien accedió a las actuaciones judiciales, relativas a las operaciones encubiertas de un ex comisario de policía español, José Antonio Villarejo, actualmente detenido, quien montó una organización clandestina e ilegal al servicio de personalidades relacionadas con el Partido Popular (PP). Sin transición Calleja pregonó la existencia de un video, recabado en su nota, que fue “preparado y grabado en Marbella en el año 2006 por Villarejo con la colaboración de Ignacio Purcell Mena por encargo de Monzer Al Kassar, con el que éste pretendió presionar a Urquía Peña en el año 2007 cuando ejercía funciones como magistrado para que resolviera a su favor un procedimiento judicial en tramite ante su juzgado”. Calleja apuntó que “el video, en el que se aprecia a Francisco Javier de Urquía Peña consumiendo cocaína en el domicilio de Ignacio Purcell Mena, acompañados por dos prostitutas, fue exhibido por Villarejo a Ricardo Alvarez-Ossorio y a los hermanos Muñoz en el curso de una reunión celebrada el día 7 de marzo en la sede de Cenyt, la empresa del ex comisario, con sede en Madrid” (11). El vergonsozo incidente está siendo justamente tratado en juicio oral estos días en la Audiencia Nacional de España en Madrid.

Saltando a 2011, es menester abreviar otro sumario anticipado en párrafos precedentes, que se puede además aportar en su integralidad, pues en ese año concluyeron las actuaciones en el Juzgado Central de Instrucción No. 2 de Madrid, por el cual sería detenido un complice de larga data de IPM y la postre condenado, Juan Pablo Sanchez Gasque. Es un voluminoso expediente que tiene varios tomos. Se puede acceder a ellos, particularmente en los tomos 2, 3, 4 y 5, a indicios evidentes de las escuchas de las fuerzas del orden en las comunicaciones de los teléfonos de los sospechosos, entre ellos IPM, identificado por su pasaporte chileno, con número de teléfono celular en Argentina 005491167415936, quien participara como intermediario residiendo en Argentina, entre los aprovisionadores de droga de origen paraguaya, y los comerciantes y consumidores de la misma en España. Ese expediente se lo puede consultar en los archivos relacionados a mi entrega del 10/5/2017. (12)

Resulta natural en cualquiera que aspire a hacer seriamente periodismo de investigación, advertir ante todo que al margen de mis propias fuentes, que se han constituido por el aporte de mis lectores, y víctimas de IPM, y por el acopio de la información abierta disponible en la prensa, debo principalmente agradecer el trabajo inigualable y gratuito del documentalista argentino, Andrés Ballesteros, quien reunió la documentación que es factible rastrear lícitamente por internet. Con todo, hay que reconocer igualmente que el propio IPM es en sí mismo una valorale fuente de datos. Debe saberse que han existido a lo largo de esta década de trabajo sobre semejante protagonista de la crónica judicial y mundana, diferentes paginas digitales que le han sido consagradas, algunas sin duda concebidas por el mismo, publicando fotos e informaciones que le conciernen, como reflejan ciertos enlaces electrónicos que se pueden visitar y ahora se acompañan. (13)

Repasando su contenido, nadie puede negar que se trata de alguien amante del exhibicionismo para solventar o inducir negocios, que discurren en paralelo a los delitos judicialmente probados que ha perpetrado, al margen que hayan sido condenados judicialmente o quedado impunes. Podrán valorarse al pie diferentes coberturas conjeturalmente susceptiblemente desplegadas para expoliar a incautos o desprevenidos y acumular riqueza mediante la rapiña sistemática, espoleado por una maquinaria de fundar sociedades de fantasía, en gran cantidad y en poco tiempo, para crear la falsa imagen de poder económico, confianza y legalidad, plataforma que podría servir a engatusar a los demás. Medios de Argentina han exhibido fotos, tal vez difundidas con su aquiescencia, o por él mismo, como se observa en diarios de Mendoza, Argentina, citados con anterioridad, al caerle condena y su expulsión a Chile en mayo de 2019.

Adelanto para ir concluyendo en homenajear a las víctimas de las estafas de IPM enumeradas en mi batallar periodístico aquí brevemente presentado, cuyos dichos inspiraran mis artículos, objeto sin embargo de la referida querella que su abogado Albarracin debería difundir si jugara limpio, privándose no obstante de hacerlo en la pagina web de su estudio jurídico, pregonando un comunicado plagado de elucubraciones delirantes y mentiras, insistiendo metodológicamente en el deshonre esas víctimas (14). Fueron ellas las que me han hecho saber estar dispuestas a presentarse ante la justicia española en esta oportunidad si se concreta un juicio en Marbella, para exponer los estragos sufridos por la conducta de IPM. Especialmente una me transmitió la confidencia que le hiciera IPM sobre mí, durante el litigio que los enfrentara. Dijo que IPM se ufanaba de tener bajo control mi correo electrónico, pero le pidió que me ofreciera de su parte una suma de dinero si yo retiraba mis artículos que le concernían, oferta que obviamente rechacé. Lo justificó porque no quería que sus dos hijas leyeran en el futuro mis notas periodísticas y supieran en las que anduvo su padre, en momentos que su salud parece declinar, afectado por las secuelas de un ictus cerebral. Sea como fuere, en definitiva, se abona aquí la fundada sospecha que IPM dispuso de la complicidad de su esposa, María Florencia Vijande, a todas luces colaboradora en sustanciales actividades relacionadas con pruebas de corrupción debidamente consignadas, que como todas los demás, constituyen evidencias acopiadas de forma libre, lícita, y siempre utilizando medios disponibles abiertamente para cualquier periodista, nada que ver con lo que sanciona el artículo 197 del Código Penal de España, inicialmente indicado, ni con el falso delirio persecutorio de IPM, a lo mejor desestabilizado por el espectro de perder la impunidad de la que goza en España, quizás aterrado por el acercamiento de la muerte. Se olvida, como decía Borges, que “el pasado es indestructible”.

 

En Ginebra, Juan Gasparini, documentalista, Andrés Ballesteros.

(1) https://diariohoy.net/politica/imputan-e-investigan-en-la-comunidad-europea-al-periodista-argentino-juan-gasparini-183254

(2) Correo electrónico de César Albarracín del 23 de abril de 2020, y mi anticipada respuesta negativa por esa misma vía del 20 de abril de 2020, cuando quiso saber si tenia representación legal en Argentina para hacerme una consulta, por estar “trabajando en una presentación judicial relacionada en forma indirecta con algunas de sus publicaciones”, retrucándole por mi parte estar domiciliado en Suiza, finalizando así nuestro intercambio de mensajes, las 2 copias en el archivo del autor.

(3) Agencia oficial argentina, Telam, cables del 14 de diciembre de 2018 y del 3 de mayo de 2019. Correos electrónicos de Alicia Motta, una de las damnificadas de la estafa por la venta del campo en Mendoza, del 15 de enero y del 30 de abril de 2015, copias en el archivo del autor. Y; https://www.diariouno.com.ar/judiciales/chileno-compro-terrenos-lujan-dni-falso-expulsado-pais-05032019_HkXPJrqiE, y https://www.diariouno.com.ar/policiales/caso-aliaga-drogas-y-trafico-armas-la-mira-n577619, y en https://www.losandes.com.ar/expulsaron-del-pais-a-un-financista-chileno-que-cometio-una-estafa-en-mendoza/

(4) a) https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2021_11_25&id=105149&id_tiponota=80 b) https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2021_11_29&id=105160&id_tiponota=80

c) https://infocielo.com/azul/ordenan-investigar-y-llaman-indagatoria-la-comunidad-europea-un-periodista-azul-n725979

(5) https://www.juangasparini.com/noticias/monzer-al-kassar-ataca-de-nuevo-en-argentina/ (8/5/2012), https://www.juangasparini.com/reportajes/el-supuesto-testaferro-de-monzer-al-kassar-opera-en-argentina/ (30/6/2014), https://www.juangasparini.com/noticias/la-andanzas-del-chileno-ignacio-purcell-mena-en-espana-y-argentina-siguiendo-las-huellas-del-narcoterrorista-sirio-monzer-al-kassar/ (10/5/2017), https://www.juangasparini.com/noticias/detienen-en-haiti-a-ignacio-purcell-mena-supuesto-testaferro-de-monzer-al-kassar/ (16/8/2017), https://www.juangasparini.com/reportajes/condenado-en-argentina-el-supuesto-testaferro-de-monzer-al-kassar-se-recicla-en-espana (30/4/2021).

(6) Cámara Federal de Casación Penal de la Argentina, Sala 4, 6 de septiembre de 2918. Agencia argentina de noticias “Telam”, cables ya citados.

(7) El procedimiento penal en España que le valió una condena de prisión a Sanchez Gasque fue por “trafico de drogas”, bajo control del Juzgado Central de Instrucción número 2 de Madrid, del 24/20/2011. Sánchez Gasque e Ignacio Purcell Mena (IPM) comparten la titularidad de las sociedades británicas “America Energy & Mining Limited”, “Oil UK Ltd”, “Group Cayo Magno LLP” y “Cayo Magno LLP” , y las españolas “Black Star Zone SL” (https://www.empresia.es/empresa/black-star-zone/) y “Black Star Energy SL” (https://www.empresia.es/empresa/black-star-energy/), debiendo ahora añadirse el vínculo de IPM con un enigmático fondo de inversión el “International Fund Apsny” (http://www.fondapsny.org/en/spanish-company-black-star-petroleum-provided-assistance-international-fund-apsny), vía otra sociedad quizá intermediaria, “Black Star Petroleum”, que remite finalmente a un domicilio en Afjasia. En el Reino Unido, Ignacio Purcell Mena (IPM) es dueño en solitario de “Nordic Consulting Team Ltd”, mientras que Sánchez Gasque comparte “Dron Defense System (DDS) LTD”, con Jorge Serrano Gabaldon. Sánchez Gasque extendió en Mendoza un poder general de administración y representación en beneficio del IPM, el 9 de marzo de 2009, inscripto al día siguiente en la Sección Comercio y Mandatos de la Dirección de Registros Públicos de esa provincia argentina.

(8) En la sociedad matrimonial de IPM y su esposa, María Florencia Vijande, “Inversiones familiares La Rosa SL” aparecen ambos a partes iguales como administradores solidarios. La empresa fue constituida en Marbella el 20 de febrero de 2020, dedicada a la “compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia”. El domicilio actual del matrimonio IPM/Vijande sería el mismo de la solidaria sociedad matrimonial ya inventariada, o sea “Inversiones familiares La Rosa SL”. Se encontraría en Granados 6 (29602 Marbella, Málaga), en la Urbanización Sierra Blanca, con teléfono denunciado por una víctima a la Guardia Civil de España.

(9) Comunicado de la Superintendencia de Bancos de de Panamá, del 31 de marzo de 2014 Las sociedades y documentos inmobiliarios aludidos fueron ya exhumados en mi nota del 10/5/2017, presentada en el pie de página precedente número 5.

(10) Juzgado de Instrucción N.° 1 de Marbella (antiguo mixto N°1), Procedimiento: DIL.Previas 2848/2006. Negociado: NR N.I.G.: 2906943P0060002730, del 6/7/2006. Solicitud de residencia en Marbella de IPM del 30 de mayo de 2006. Carta de Felipe Moreno Godoy, del 28 de febrero de 2008. Copias en el Archivo del autor.

(11) “Voz Populi”, del 14 de julio de 2020 (https://www.vozpopuli.com/espana/anticorrupcion-ana-rosa-quintana_0_1373263591.html y “El Confidencial” del 19 de febrero de 2020. (https://www.elconfidencial.com/espana/2020-02-19/la-policia-detiene-a-cuatro-detectives-colaboradores-de-villarejo_2461627/

(12) Juzgado Central de Instrucción 2 de Madrid, 24 de octubre de 2011, sumario por trafico de drogas, de 9 tomos y Anexo, expediente ya citado.

(13) a) http://ignaciopurcellmena.blogspot.com/p/acerca-del-autor.html b) https://es.linkedin.com/in/ignacio-purcell-mena

c) https://ignaciopurcellmena1.wordpress.com d)

http://www.abkenergy.org/node/411

e) http://ignaciopurcellmena.blogspot.com/

f) http://ignaciopurcellnoticiasbancarias.blogspot.com/2016/12/ignacio-purcell-mena-recibe-un-nuevo.html

(14) https://www.estudioalbarracin.com/site/index.php/prensa

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