La diputada nacional por Mendoza Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como “hechos relevantes” los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. “Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad”, apuntó la legisladora.
La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.
“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.
En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).
Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.
También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.
El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. “La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires”, argumentó en los fundamentos Latorre.
Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.
El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.
