Esta semana, el exintendente de Aguaray Jorge Enrique Prado fue condenado a 6 años y medio de prisión e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos por la justicia de Salta, que lo consideró coautor penalmente responsable del robo millonario de caños del Gasoducto del NEA.
Así fue decidido por el Tribunal Oral Federal 2 de Salta, que además le aplicó a los empresarios Diego Alos una pena de 6 años de prisión y a Adrián Vera, 3 años y 8 meses de cárcel; en tanto otros siete acusados fueron absueltos.
Por esta causa, el municipio de Aguaray, del norte salteño, fue intervenido el año pasado, y el 21 de octubre último asumió el nuevo intendente, Guillermo Alemán, tras resultar electo en los comicios provinciales del 15 de agosto.
Como viene contando Diario Mendoza Today, la movida benefició al titular de la empresa mendocina OSYP SA, Diego Alos.
Fundamentos de la acusación
Oportunamente, al fundamentar las acusación, el representante del MPFN señaló que el saqueo de los caños fue pergeñado mucho antes de que el ex intendente Prado impulsara la resolución municipal N°1215, utilizada como ropaje legal para la sustracción de 67 caños de la red del Gasoducto GNEA, ubicada en el paraje Tonono, a pocos kilómetros de la localidad de Aguaray. Y es que, dicha resolución, establecía la desafectación de caños del Gasoducto GNEA en el marco de un proceso de saneamiento ambiental, otorgado por el municipio a la empresa de Alos.
Entre las pruebas y testimoniales brindadas en el juicio, el fiscal destacó la de un empleado del municipio, quien se refirió a un mensaje enviado por Prado para que trabaje en la mentada resolución, la que necesitaba para que sea llevada “en el camión”. Ello evidenció el apuro que había por parte de Prado y Alos de contar con tal instrumento, utilizado casualmente para desafectar los bienes que ni siquiera pertenecían al municipio, pues estaban fuera de su alcance, ya que eran propiedad del Estado Nacional.
El fiscal también sostuvo que la resolución -a la que calificó de “insólita”- fue firmada por Prado y Céspedes el 23 de diciembre de 2019, y estaba dirigida a desmantelar una planta ubicada en la finca Ñacatimbay, lo que se frustró debido a la resistencia del administrador de dicha propiedad. Ante ello, fue que cambiaron la resolución y dirigieron sus efectos hacia la red del Gasoducto GNEA. “De las pruebas expuestas, surge que el mismo Alos le avisó de esto a Rossi”, con lo cual está clara la participación de ambos en los hechos que despojaron a los vecinos de Aguaray de una ansiada ilusión: el servicio de gas natural, concluyó el fiscal y agregó que la cuestionada resolución no fue publicada en el Boletín Oficial, como así tampoco cumplía con los pasos legales, como la presentación de un estudio de impacto ambiental y muchos menos se le dio intervención al Concejo Deliberante.
El fiscal general también recordó que la obra estaba dirigida a beneficiar a cinco provincias con gas procedente de Bolivia, siendo el tramo de Salta el único que no pudo ser cumplido en tiempo y forma, a lo cual se sumó un saqueo desmedido de los caños. Desestimó los argumentos de algunos de los acusados, como Alos, quienes sostuvieron que la obra estaba abandonada: lo cual “no fue así, púes constan numerosas denuncias por saqueos menores que realizaron empleados de la empresa encargada, quienes cuidaban la red del gasoducto”, sostuvo el fiscal.
En otro tramo de su alegato, Villalba sostuvo que Vera –a quien se imputa la extracción, corte y traslado de 161 caños robados, aunque habrían intervenido otras personas- apareció en escena cuando el robo de caños ya se hizo público. En tal sentido, señaló que “Vera era mencionado como un empresario de peso en el rubro, sin embargo, cuando fue detenido nos vimos frente a un chico. Que, si bien fue funcional para los fines ilícitos, en nada hace presumir que haya tenido la capacidad de embaucar al resto de los acusados, expertos hombres de negocios y con sobrada experiencia”.
