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Por una apelación, suspendieron dos peritajes claves en la causa por el homicidio de Lucas González

La defensa de los tres policías de la Ciudad acusados por el homicidio del joven futbolista de Barracas Central Lucas González consiguió suspender momentáneamente los peritajes de ADN y olores ordenadas por el juzgado en el marco de la investigación.

Los policías Juan José Nieva, Fabián Andrés López y Gabriel Alejandro Isassi se opusieron “al cotejo de ADN y de las muestras odorológicas que ordenó la Fiscalía”, a cargo de Leonel Gómez Barbella.

El juez Martín Del Viso “resolvió no hacer lugar” al planteo  “al entenderse, en resumidas cuentas, que las diligencias cuestionadas lucían, además de necesarias, razonables y proporcionales, trascendentales para la investigación”. Sin embargo, el juzgado, con el argumento de “garantizar de modo amplio el mejor ejercicio del derecho de defensa”, concedió el recurso de apelación interpuesto por la defensa, a cargo del abogado Alfredo Oliván.

La apelación pasó a la Sala Cuarta de la Cámara del Crimen, por lo que el juzgado aclaró que “hasta tanto medie un pronunciamiento del Superior en los recursos concedidos no será posible avanzar sobre el cotejo”. “Se ordenó una comparación que ni siquiera se encuentra en curso”, reiteró el juzgado.

El juez Del Viso autorizó también un exhaustivo peritaje sobre los teléfonos de los nueve policías de la Ciudad detenidos en relación con el homicidio del joven Lucas González. La medida, que fue pedida por el fiscal Gómez Barbella, apunta a “determinar todas las comunicaciones telefónicas (llamadas, mensajes de texto, Whatsapp y/o similar) desde el 17 de noviembre de 2021 en adelante, en las que se mencionen datos o información sobre el episodio aquí investigado”.

Según la resolución del juez, el peritaje deberá establecer “cualquier conducta tendiente a lograr el ocultamiento” de las circunstancias en las que fue asesinado Lucas González. La experticia fue encargada a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación.

Los peritos deberán “obtener todos los registros de comunicaciones, su ubicación temporal exacta, y los datos de la agenda, debiéndose abarcar a todo otro archivo, foto, audio o documento que obre en los teléfonos en cuestión”.

Según el juez Del Viso, la medida “luce necesaria, razonable y proporcional a los fines del proceso, pues permitiría dilucidar ciertos aspectos de la imputación vinculada a un hecho de extrema gravedad”. Los peritos deberán realizar una “copia forense” de los nueve teléfonos, de manera tal de preservar los originales para evitar cualquier alteración que pudiera dar lugar a un planteo de nulidad de las partes.

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