El juez federal subrogante de Mendoza Leopolgo Rago Gallo hizo lugar a un pedido del fiscal subrogante Dante Vega, que había solicitado se sumara una nueva imputación al juez federal Walter Bento, procesado como líder de una asociación ilícita que solicitaba dinero a cambio de favores judiciales.
En esta presentación también fueron imputadas otras cuatro personas, entre las que se encuentran abogados e intermediarios que obraban en nombre del magistrado, y que habrían intervenido en el cobro de sobornos a un contrabandista -imputado en la causa- para que se le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria que luego violó.
Como parte del pedido de imputación, la Policía Federal detuvo en Buenos Aires a uno de los acusados, señalado como uno de los “facilitadores” de los arreglos que la organización criminal mantenía con diversas personas detenidas o imputadas, que compraban sus beneficios pagando en dólares. De acuerdo a la acusación, esta persona, abogado de profesión, pertenecía al entorno de confianza de Bento y cumplía en la organización un rol similar al que ocupaba Diego Aliaga, el corredor de aduanas que fue hallado muerto en 2020.
El hombre solía reunirse con frecuencia con otros de los imputados en la causa y su esposa es funcionaria de la justicia federal, por lo que para el fiscal Dante Vega resulta verosímil no solo que estuviera al tanto de los movimientos que realizaba la organización, sino que además accediera a información a través de su pareja. Además, era propietario de la camioneta que manejaba Aliaga el día en el que fue secuestrado, semanas antes de que se hallara su cuerpo sin vida en un campo de la localidad mendocina de Lavalle.
Para el Ministerio Público Fiscal, existía en el fuero federal mendocino una organización ilícita liderada por Bento que ofrecía beneficios procesales a cambio del pago de sumas dinerarias en dólares, en causas vinculados con contrabando, tráfico de estupefacientes, evasión fiscal y trata de personas, entre otros delitos. Para llevar a cabo su accionar, los imputados se complementaban mutuamente: mientras algunos solicitaban sobornos directamente a las personas detenidas, otros lo hacían a sus familiares y amigos.
Vega ubicó a Bento en la cima del esquema con el que funcionaba la organización delictiva, por su rol de juez federal, y el difunto Aliaga como su mano derecha, la persona interviniente en primer término en las negociaciones con sus potenciales “clientes”. Debajo se encontraba un organizador que sumaba su influencia para que los detenidos mintieran en sus declaraciones y de esa manera obstaculizar las investigaciones que podían perjudicar al magistrado. Por último, estaban los abogados que ofrecían los servicios e intervenían para llevar a cabo estos acuerdos. En la mayoría de los casos, la organización solicitaba montos de entre cinco y seis cifras en dólares, pero también ofrecían la opción de entregar bienes inmuebles como parte de pago.
Los nuevos hechos
Como parte de la imputación, son tres los nuevos hechos que se le imputan a la organización. El primero de ellos, es el soborno pagado por la persona acusada de contrabando, para obtener el beneficio de prisión domiciliaria. Bajo esta hipótesis, a través de Aliaga, el sospechoso entregó a la asociación un departamento céntrico a modo de “garantía”.
El segundo caso se refiere a un pedido de coima a un financista y a otra persona imputada por contrabando para obtener su libertad, en el que uno de los imputados fue señalado como partícipe secundario en cohecho activo agravado. Por último, también fue imputado un empresario que habría solicitado al padre del primero la suma de 160 mil dólares a cambio de su libertad. .
En todos los casos, el abogado aparecía como “nexo” para solicitar dinero a familiares y amigos de los detenidos. Además, fue quien solicitó el departamento para que el acusado del primer hecho cumpliese su prisión domiciliaria.
