El Senado dio media sanción por unanimidad (44 votos positivos) a un proyecto de ley nacional de juventudes, impulsado por la oficialista Eugenia Catalfamo. El tema se incluyó al comienzo de la sesión, para ser tratado sobre tablas, y fue habilitada su incorporación con el voto de los dos tercios de los presentes, aunque Juntos por el Cambio no acompañó.
En el final de la sesión, Catalfalmo defendió su iniciativa, que consideró como “trascendental para el futuro de nuestro país” y de los “más de 10 millones” de jóvenes argentinos, “aquellas personas a las que debemos otorgarles todo lo que podamos como Estado”, afirmó.
“Es una ley integral que busca de alguna manera llenar un vacío que existe en nuestro país respecto de la legislación en torno a las juventudes”, sostuvo y recordó que en 2015 tuvo media sanción de la Cámara de Diputados un proyecto similar, pero luego perdió estado parlamentario por no tratarse en el Senado.
Apoyada en carteles, la puntana precisó que “hoy las juventudes atraviesan una pobreza del 48,5%, casi el 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años son pobres”. “Respecto del trabajo, entre las juventudes la desocupación alcanza el 19%”, sumó, y aclaró que también se da una desigualdad por género en este ítem.
Sobre quienes “tienen la dicha de poder trabajar”, expresó la legisladora del Frente de Todos, un 60% está en la informalidad. Además, “uno de cada tres jóvenes logra terminar el secundario, el 31%, y de esos jóvenes que terminan y pueden acceder a un estudio universitario, solamente el 14% se reciben”.
“Estos son los indicadores que tenemos que bajar con programas de empleo, con programas que hagan a la inserción de jóvenes en las universidades”, enfatizó.
Y finalmente destacó como “uno de los puntos más importantes” del proyecto que contempla un piso mínimo de 0,02% de presupuesto, para ser destinado a “políticas públicas en torno a los y las jóvenes; esto va a garantizar que efectivamente se cumplan”.
Desde Juntos por el Cambio, la radical Pamela Verasay señaló que “hasta el momento todos los temas juveniles venían siendo áreas sueltas” y “siempre ha sido un tema muy atado a la discrecionalidad del gobierno de turno”.
A los indicadores aportados por Catalfamo, la mendocina añadió que en Argentina “hay un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian; dos de cada tres que piensan que en 10 años su situación va a empeorar; el 70% de los jóvenes se quiere del país; y somos el país que tiene el nivel de desempleo más alto de la región”.
“En estos debemos hacernos cargo de un lado y del otro. El problema es generacional. No afinca ni en los cuatro años de (Mauricio) Macri, ni en los dos primeros de (Alberto) Fernández. Esto es un problema que lleva años”, remarcó.
Para la legisladora, “obviamente hay una demanda juvenil que atender y que ningún partido está cubriendo, ni siquiera en estas elecciones. Ya no alcanza con una beca Progresar, ni con Conectar Igualdad, ni con subsidio, ni con asistencia. Definitivamente una de las políticas de Estado tiene que ser atender la demanda de los jóvenes en materia de capacitación, de inclusión escolar, de futuro”.
“En algún momento hay que trabajar para construir una cuota de esperanza y de expectativa para que los jóvenes se queden”, sostuvo.
Por último, la opositora aclaró que “más allá de la disconformidad de nuestro interbloque en cómo se ha tratado (el proyecto), por el costo fiscal que va a traer”, afirmó que espera que la ley “sirva y le dé al oficialismo algo que no sea para dar un subsidio sino algo concreto” a los jóvenes.
Antes de pasar a la votación, Catalfamo recogió el guante y pidió: “Dejemos de hablar de costo fiscal. Hablemos de inversiones, estamos hablando de inversión hacia el futuro”.
La iniciativa promueve el desarrollo integral de las y los jóvenes de 18 a 29 años residentes en el país y su participación activa en todos los ámbitos de la vida nacional en condiciones de equidad, diversidad y solidaridad.
Asimismo, el proyecto, que consta de un total de 61 artículos, propone la creación de tres organismos de promoción de juventudes: la Secretaría Nacional de las Juventudes; el Instituto Nacional de las Juventudes (INJUVE); y el Consejo Federal de las Juventudes.
A su vez, la propuesta tiene como objetivo “instituir un marco normativo integral que establezca los derechos, deberes y garantías de las personas jóvenes que se encuentren en el país”, así como “la implementación de políticas públicas para garantizar y promover su ejercicio efectivo, favoreciendo la articulación intergubernamental y la coordinación federal de las políticas públicas en la materia”.
En cuanto al financiamiento, establece que “los fondos previstos se compondrán de un monto anual que no podrá ser inferior al 0,02% del total de los Ingresos Corrientes previstos en el Presupuesto Anual Consolidado para el Sector Público Nacional”.
