Aunque sumó un nuevo procesamiento en su contra, el juez federal de Mendoza Walter Bento sigue en su cargo y dicta sentencias. Para el juez federal Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega, el magistrado más poderoso de Mendoza, a cargo del juzgado federal con competencia electoral, cobraba coimas para proteger a los dueños de una “cueva” donde se realizaban transacciones ilegales de dólares, en pleno centro de la capital cuyana. “Yo con Bento tengo llegada, tengo un arreglo. Incluso, entendés, Bento quiere manotear algo de plata”, le decía el interlocutor, a quien se identificó por su apodo, al acusado Enrique De la Cruz. Su respuesta fue: “Bento quería quedarse con la mitad de la guita, quería el 50% “.
Esta conversación corresponde a una escucha telefónica que figura en la página 1230 del expediente en el que se investiga al juez Bento como presunto jefe de una asociación ilícita que cobraba coimas a imputados para beneficiarlos en las causas judiciales que se instruían en su juzgado. Mientras Bento tuvo el expediente en su poder, ni De la Cruz ni José María Sanguedolce fueron presos. La situación de los acusados de presunta venta ilegal de divisas cambió cuando otro magistrado se hizo cargo del sumario.
De la Cruz y Sanguedolce fueron procesados por el juez Puigdéngolas, en la misma resolución en la que se refirió a la conducta de Bento.
La instrucción del expediente en el que esos sospechosos aparecían como imputados por la presunta venta ilegal de divisas desde una cueva que funcionaba en una galería del microcentro de la capital mendocina comenzó en febrero de 2014.
La llamativa lentitud -según los investigadores- del magistrado Bento en dictar medidas procesales habría permitido que los dos imputados continuaran con la supuesta venta ilegal de dólares. Esta ralentización del expediente habría quedado en evidencia con el hallazgo de los mensajes y escuchas telefónicas en el celular de uno de los 22 procesados en una megacausa por asociación ilícita.
Para los investigadores judiciales no pasó inadvertido que el juez Bento habría demorado tres años en aplicar alguna medida importante en el expediente contra los dueños de la mencionada “cueva”.
En ese sumario, los investigadores judiciales encontraron una escucha telefónica en la que un interlocutor, a quien solo se mencionó por su apodo, Cuqui, le sugirió al imputado De la Cruz que “arreglara con Bento”.
Al disponer el nuevo procesamiento contra Bento, el magistrado Puigdéngolas ordenó un embargo de $10.000.000 sobre los bienes del juez acusado. Este monto se agregó al embargo por $177.610.000 que ordenó Puigdéngolas en julio pasado cuando, en una resolución de 814 páginas, procesó al juez al considerarlo supuesto jefe y organizador de una asociación ilícita integrada por delincuentes y abogados que se dedicaba a cobrar coimas millonarias a narcotraficantes y contrabandistas, a cambio de excarcelaciones y sobreseimientos.
En la misma resolución, la esposa de Bento, que trabaja como funcionaria judicial, fue procesada por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Mientras que sus bienes fueron embargados por $149.773.600.
Luego de revisar las escuchas telefónicas y las pruebas incorporadas en el expediente, el magistrado Puigdéngolas consideró que existían indicios suficientes para avalar un estado de sospecha sobre la presunta responsabilidad de Bento en dos casos de cohecho pasivo, en concurso con prevaricato.
Durante el proceso, el acusado Sanguedolce negó los cargos en su contra y afirmó que nunca le pagó una coima al juez Bento. No obstante, el magistrado Puigdéngolas dispuso que sus bienes y los del acusado De la Cruz fueran embargados en $5.000.000.
Suspensión postergada
Después del nuevo procesamiento en su contra, Bento cuestionó la resolución dictada por el juez Puigdéngolas y solicitó que el fiscal Vega sea apartado del caso. A través de sus defensores, en un escrito de 92 páginas, el juez Bento pidió la nulidad de ambos procesamientos y solicitó que la Procuración instruya un proceso disciplinario contra Vega. Según el planteo de Bento, el representante del Ministerio Público habría direccionado la investigación en su contra a partir del hallazgo de información que estaba en celular del arrepentido Diego Barrera.
Hace poco más de un mes, el diputado nacional Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio), que instruye el sumario contra el juez Bento, solicitó el desafuero y suspensión del magistrado federal de Mendoza. Pero los legisladores kirchneristas que integran la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación se opusieron a la solicitud formulada por Tonelli y el juez Bento eludió el pedido de suspensión.
El rechazo de los legisladores oficialistas postergó para después de las elecciones la decisión sobre el futuro de Bento. Mientras tanto, el magistrado federal de Mendoza, que tiene dos procesamientos con prisión preventiva dictados a partir de la investigación que indicaría que tendría varios millones de pesos en propiedades compradas con dinero cuyo origen no puede justificar, sigue en su cargo y dicta sentencias, especialmente en cuestiones de competencia electoral.
De acuerdo con la ley, el Consejo de la Magistratura solo puede suspender a un magistrado cuando se integre el tribunal de enjuiciamiento. También tiene que concluir la investigación de la Comisión de Disciplina y se debe aprobar la acusación contra el juez. Una vez que se concreten estas circunstancias, el sumario se manda al plenario del Consejo de la Magistratura que debe decidir si acusa al juez.
Para la formación del tribunal de enjuicimiento es necesaria la aprobación de las dos terceras partes de los concejeros presentes. Entonces, si se aprueba la acusación contra el juez y la formación del tribunal de enjuiciamiento, este órgano puede resolver la suspensión del magistrado imputado, mientras se realiza el proceso.
Esto significa que, en la actualidad, la única barrera entre el juez Bento y la cárcel son los fueros que tiene como juez federal.
Hasta el momento, los integrantes de la Comisión de Disciplina le tomaron declaración testimonial a 17 testigos presentados por la defensa del juez Bento. Por ejemplo, entre esos testimonios figura la declaración de la fiscal federal que intervino en el expediente contra los dueños de una “cueva” en la que se vendían dólares de forma ilegal y que, supuestamente, el magistrado habría cajoneado.
Al acusado juez Bento no le cierran las cuentas. Los cinco integrantes de su familia trabajan para el Estado. Esta circunstancia hizo más notoria la inconsistencia de los argumentos para justificar las millonarias propiedades, los tres Audi, S3, Q5 y A3, y una camioneta Amarok.
Tampoco puede explicar el origen de los US$153.000, 3600 euros y $160.000 en efectivo que le secuestraron en su casa del complejo Palmares, donde tiene tres propiedades. Además de otros tres fideicomisos en distintos emprendimientos inmobiliarios.
El informante 59
Durante la investigación encarada por el juez Puigdéngolas y, a partir de un informe presentado por la Dirección Nacional de Migraciones, se determinó que, desde 2007 hasta 2017, el juez Bento cruzó la frontera en 69 oportunidades y pasó 761 días fuera del país. Apenas dos viajes anuales habrían sido por motivos laborales. En esos casos, Bento habría presentado comprobantes de viáticos. Pero del resto no tiene ninguna factura ni podría justificar el origen del dinero con el que pagó esos viajes.
Entre los destinos elegidos por el juez figuran Miami, Orlando, Las Vegas, Barcelona, Atenas, Dubai y Chile. Según consta en el expediente, en los viajes a Estados Unidos, Bento se alojó en hoteles y departamentos situados en zonas exclusivas de Miami, en la avenida Collins; en los hoteles Wynn y Caesar’s Palace, en Las Vegas, y en el hotel Grand Floridian, de Orlando.
Entre las decenas de viajes que realizó el magistrado acusado figura un destino que llamó la atención de los investigadores judiciales que analizan la conducta del juez. Se trata de un vuelo privado que el magistrado abordó en diciembre de 2008 desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Uruguay.
En ese avión ejecutivo Bento fue acompañado por su esposa. Se trató de uno de los cinco viajes que realizó ese año, en los que pasó 44 días fuera del país, según el informe de la Dirección Nacional de Migraciones.
Algunas de las fotos que el juez se tomó en el exclusivo avión fueron encontradas en uno de los cinco dispositivos de almacenamiento electrónico secuestrados en la casa del juez.
En esa época, Bento llevaba tres años a cargo del juzgado federal N° 1 de Mendoza y había conocido a Diego Aliaga, denominado en el ambiente policial como el “informante 59″.
Aliaga se convirtió en el intermediario del magistrado con los imputados en causas penales que se radicaban en su tribunal y que solicitaban los servicios del juez para arreglar beneficios y excarcelaciones.
Revés para el juez Federal de Mendoza Walter Bento por parte de la Cámara de Casación
