Allá lejos y hace tiempo, el director de Diario Mendoza Today, Christian Sanz, investigó y denunció a Susana Balbo, entonces diputada nacional por el PRO, por “negrear” a los empleados que tenía en su geriátrico VIP.
El tiempo le dio la razón: la Suprema Corte de Justicia de Mendoza condenó a Balbo a pagar una indemnización por despido y daño moral en favor de una trabajadora, quien fue echada sin causa de ese lugar, propiedad de la empresaria bodeguera.
La causa, que fue resuelta por el máximo tribunal luego de una serie de aprietes que llegó hasta el presidente de la Corte, fue bien detallada por el impacable portal El Otro:
“Condenar a la demandada Gente Grande SA a pagar a la actora la suma de pesos trescientos sesenta y siete mil trescientos noventa y tres con 02/100 ($367.393,02) en el plazo de cinco días de notificada la sentencia, más sus intereses legales y costas”, señala el fallo firmado por los supremos José Valerio y Pedro Llorente. (Leé el fallo completo aquí)
La sentencia de fecha 29 de setiembre de 2021, dada a conocer en las últimas horas, obliga a la empresa de la exdiputada nacional Susana Balbo a abonarle a su extrabajadora Kathetine Danef Bonil Rojas la suma indicada en el párrafo anterior por los conceptos de diferencias salariales, aguinaldos y vacaciones impagas, indemnización por antigüedad y falta de preaviso, integración de mes de despido e indemnización por daño moral.
Bonil Rojas trabajaba en Awki, un geriátrico VIP de la empresa Gente Grande SA, cuya principal accionista es la empresaria bodeguera Balbo, hasta que fue despedida sin causa. Lo que motivó la correspondiente demanda laboral.
Tal como reveló una investigación especial de EL OTRO, lo que debía ser un proceso judicial de rutina derivó en amenazas, falsas denuncias, incompatibilidades, y una denuncia penal contra los miembros de una cámara laboral, tras los intentos de torcer el devenir del trámite judicial por parte de Miguel Pérez Hualde, abogado de Balbo y hermano de Alejandro, exjuez de la Suprema Corte local.
Las juezas María Nenciolini, Elcira de la Roza y Alfredo Milutin, titulares de la Primera Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, fueron acusados penalmente a fines del año pasado por Marcelo Venier, abogado de la extrabajadora del geriátrico, “por la comisión del delito de falsa denuncia”. Causa que no tuvo mayores novedades.
El reciente fallo de la Segunda Sala de la Corte viene a poner justicia ante un claro caso de despido injustificado seguido de un hostigamiento sobre una trabajadora, en el contexto en que Juntos por el Cambio, el frente político que llevó al Congreso a Susana Balbo, plantea la eliminación de las indemnizaciones laborales como una de sus propuestas de campaña.
