Aníbal Fernández: un ministro de Seguridad acechado por un historial de drogas y crimen organizado
Aníbal Fernández es un hombre con suerte, siempre lo ha sido. Desde su sinuoso paso por la intendencia de Quilmes en los años 90 —en los días en los que era un soldado menemista— hasta su llegada al poder K, el hoy ministro de Seguridad de la Nación supo cómo esquivar los escándalos más relevantes que lo han tenido como personaje central. Principalmente vinculados con el tópico del narcotráfico.
Elisa Carrió es una de las personas que se ha animado a separar las aguas respecto de este tópico: “Tuvimos un criminal de jefe de Gabinete, de ministro de Justicia, de ministro del Interior”, aseguró oportunamente.
Más aún: insistió en calificar a Fernández como “el jefe del narcotráfico” en Argentina y aseguró que “es el autor intelectual de los crímenes”, no sólo de General Rodríguez, sino también “de Ingeniero Maschwitz, y de Unicenter”. ¿Se puede ser más claro y directo?
No es todo: desde su sinuoso paso por la intendencia de Quilmes en los años 90 -en los días en los que era un soldado menemista- hasta su llegada al poder K, supo cómo esquivar los escándalos más relevantes que lo han tenido como personaje central.
El primero de ellos ocurrió en octubre de 1994, cuando Aníbal estaba al frente de la intendencia de Quilmes y, en el marco de un procedimiento policial en el emblemático Estadio Chico de Quilmes, se encontró medio kilo de cocaína de mediana pureza, una balanza de precisión y elementos para el fraccionamiento.
La mercadería estaba ordenada en pequeñas bolsas plásticas y tenían una etiqueta que indicaba el destinatario: bares y colegios secundarios de la zona.
La droga y la balanza fueron encontradas entre miles de boletas de la reforma constitucional de la provincia por el Sí, sobrantes de la consulta popular que se había realizado el 2 de octubre de ese año. Estadio Chico llevaba tres años como local de la Liga Federal que comandaba el mismísimo Fernández.
Diez años después, en 2004, un nuevo escándalo rozaría al entonces ministro del Interior.
Fue el 16 de septiembre de ese mismo año, cuando se descubrieron sesenta kilos de cocaína escondidos en cuatro valijas de la empresa Southern Winds que partieron del aeropuerto de Ezeiza hacia España.
Desde un primer momento, el kirchnerismo mostró gran temor por las repercusiones que podría generar el incidente. Y allí aparece una prueba fundamental: el contacto que mantuvo un funcionario cercano a Aníbal Fernández con las autoridades españolas a efectos de interiorizarse sobre el recién iniciado expediente.
Insólitamente, el hecho ocurrió el mismo día en que el Departamento de Aduanas español abrió las polémicas valijas, cuando una persona llamada José Juan Díaz Fraga, que se identificó como comisario de la Policía Federal Argentina, llamó desde Buenos Aires para interiorizarse sobre los estupefacientes incautados.
Esa comunicación telefónica llamó la atención de las autoridades aduaneras españolas, porque muy pocas personas sabían del secuestro de la droga.
Un dato más que interesante: según consta en la causa judicial, Díaz Fraga dijo trabajar como agregado del Ministerio del Interior en la embajada española en Buenos Aires: como se dijo, una cartera a cargo de Fernández, al menos en esos días.
Para reforzar las sospechas sobre el hoy ministro de Seguridad, es dable señalar que este sólo se animó a denunciar el envío de las valijas -hecho del cual tenía conocimiento no bien sucedió- después de que el escándalo trascendió a los medios de información.
Pero hay un tópico aún más elocuente: Andrés Machado, ex chofer de Néstor Kirchner, viajó a España en los días en los que se traficaban drogas a España con mandato de Christian Maggio.
Entonces era empleado de seguridad de SW, al tiempo que manejaba el auto del ex Presidente de la Nación. A partir de ese momento, la Justicia sufrió presiones de todo tipo y el expediente se cerró sobre media docena de “perejiles” que poco y nada tuvieron que ver con lo ocurrido.
Es la suerte que suele acompañar a Fernández, como cuando el 8 de mayo de 2004 cuatro efectivos de la Policía Federal -entre ellos el entonces tercer jefe de la Delegación Salta- fueron detenidos en Jujuy con 116 kilos de cocaína de su propiedad, luego de volcar la camioneta oficial en la que viajaban.
La Policía Federal sostuvo que la droga que tenían los agentes había sido incautada durante un procedimiento realizado en la ciudad fronteriza de Salvador Maza y que los uniformados la estaban trasladando desde esa ciudad hasta la capital salteña. Pronto se supo que eso no era verdad y el juez federal jujeño Mariano Cardozo, ordenó detener a los policías hasta que todo se esclareciera.
Quien finalmente aclaró todo fue otro magistrado, Raúl Reynoso -de la localidad de Orán-, quien contó que él mismo había ordenado realizar peritajes sobre esa droga y solicitó a los uniformados que le enviaran el sumario con el cargamento de cocaína, lo cual nunca sucedió.
En lugar de ello, la comisión policial partió desde Salvador Maza, en Salta, por la ruta 34 y, lejos de dirigirse a Orán, siguió viaje a través de la provincia de Jujuy, en dirección a la capital salteña. A partir de ese momento, funcionarios judiciales que intervinieron en la causa comenzaron a evaluar la posibilidad de que los policías estuvieran traficando esas drogas.
Los implicados directos fueron el entonces cabo Javier Aguilera, el subcomisario Daniel Dionisio Ferreyra, el subinspector Dante Callave y el cabo primero Daniel Guzmán, quienes viajaban en el vehículo que volcó con los estupefacientes. A nivel superior, fueron relevados de sus cargos el jefe y subjefe de la Delegación Salta de la Policía Federal, comisarios Carlos Díaz y Guillermo Osler, respectivamente.
En ese marco, sucedió lo inesperado: Aníbal Fernández envió al director de Delegaciones de la Policía Federal, comisario José Darío Mazzaferri para apoyar a los policías detenidos, lo cual fue interpretado por los jueces -junto a varios llamados del Ministro del Interior- como un “acto mafioso”.
Según consignó entonces revista Veintitrés, habría habido presiones para que el juez de Orán “inventara un operativo para justificar el origen de la droga”.
“Tengo la absoluta tranquilidad respecto al proceder de los efectivos”, aseguró Mazzaferri en referencia al proceder de los uniformados que llevaban la droga. Días después, el 8 de junio, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal de Salta, Miguel Medina, acusado de entorpecer la labor judicial al manifestar públicamente que el secuestro ilegal de cocaína había sido “exitoso” y defender la labor de los efectivos que estaban detenidos.
En agosto de 2008 llegaría el tercer elemento que comprometería a Fernández en el tráfico de estupefacientes: el triple crimen de General Rodríguez, donde fueron asesinados Forza, Bina y Ferrón.
Ese hecho dejó al desnudo por primera vez cómo el narcotráfico se mezclaba con la política a través de puntuales aportes de campaña al Frente para la Victoria.
En sentido similar, quedó a la vista la vinculación de funcionarios oficiales con traficantes mexicanos y sicarios argentinos.
A lo largo de la sustanciación del juicio oral que indagó en el triple homicidio, esa realidad quedó a la vista y mostró nuevamente la mano de Fernández en el negocio del contrabando de efedrina.
El ex funcionario kirchnerista no solo quedó expuesto a través de puntuales testimonios judiciales, sino también por sus vínculos con los acusados de asesinar a los tres jóvenes empresarios.
Esos datos impulsaron a que la Justicia Federal se interesara en continuar investigando el expediente del triple crimen, solo que esta vez poniendo el foco en la pata política del mismo. Como ya se dijo, quien lleva a cabo semejante tarea es la jueza María Romilda Servini.
Las sospechas sobre el hoy ministro del gabinete de Alberto son demasiado elocuentes y fueron refrendadas por dos ex socias políticas: Graciela Ocaña y Elisa Carrió.
Ambas sostienen que el personaje “Morsa” que aparece en la voluminosa causa judicial que culminó en 2012 y que ofrecía protección judicial a los narcos, es el mismísimo Fernández.
También lo mencionó Martín Lanatta, quen declaró ante Servini de Cubria y refrendó los vínculos entre Aníbal Fernández y el negocio de la efedrina.
Una digresión aparte: Lanatta fue el mismo que dijo en el programa de Jorge Lanata que a Forza lo habían asesinado por haber hablado con este periodista:
Su declaración fue harto elocuente y comenzó revelando cómo fue su acercamiento con el ex jefe de Gabinete: “A Aníbal lo conozco desde el año 1995 porque mi hermano tenía un taller mecánico al lado de la casa. Después por un tiempo no tengo contacto nunca más hasta que Andrés Meiszner fue designado como director del Renar (Registro Nacional de Armas)”.
En el mismo sentido, Lanatta le dijo a la jueza que su función en el registro manejado por el hombre de confianza de Fernández era la de “recaudar”.
Y explicó el mecanismo: “Empecé con el tema de las portaciones VIP. Se cobraba 3.500 dólares cada portación.
Andrés recaudaba para Aníbal y yo recaudaba para Andrés, así que Aníbal sabía que yo estaba trabajando ahí”.
Luego, Lanatta contó que, gracias a su relación Sebastián Forza “tomó conocimiento del negocio de la efedrina”.
“Él estaba viendo la forma de sacarla a México”, declaró. Lo que sigue es casi novelesco: “No le dí bolilla hasta que terminó teniendo problemas con la policía. Me pregunta si conozco a alguien que pudiera sacarlo de ese problema
(…) “Hablo con Andrés Meiszner para que hable con Aníbal Fernández. Nos juntamos en el quinto piso del RENAR”.
En ese momento, según Lanatta, el ex candidato a gobernador “le pidió 250 mil dólares para poder reunirse con Forza”.
Cuando estuvieron frente a frente, Aníbal le habría dicho a este último: “Nene vamos a poner el caballo delante del carro porque vos muchas luces no tenés. No te metas en nada porque vas a terminar mal”.
Hasta el exgobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, tiene claro ese punto: “Aníbal es una persona que estuvo implicada no sólo por la declaración de Lanatta sino por otras denuncias y declaraciones que han hecho otras personas”.
A ese respecto, pocos saben que los detalles del vínculo de Aníbal Fernández con las drogas reposan en el archivo central de la DEA, la agencia norteamericana antidrogas con sede en El Paso, Texas.
En ese preciso lugar, en medio del desierto se levanta El Paso Intelligence Center (EPIC), una fortaleza informática dónde convergen todos los archivos de las 72 oficinas del citado organismo esparcidas por todo el mundo.
Allí es donde aparecen elocuentes documentos que complican a Aníbal, dos de ellos aportados a la Embajada de Estados Unidos de Buenos Aires por el autor de esta obra.
La primera presentación fue realizada el 8 de febrero de 2007 y la segunda el 5 de junio del mismo año. En ambas oportunidades quedaron copias selladas de lo que se presentó.
No obstante, el documento más importante con el que cuenta la DEA es un cable fechado en septiembre de 2009 que lleva la firma del entonces encargado de negocios de la Embajada, Thomas Kelly. Allí se asegura sin lugar a dudas que el hoy ministro de Seguridad “está salpicado por rumores de corrupción, incluidos vínculos con el narcotráfico”.
Asimismo, el informe detalla: “Fernández con frecuencia negó que el tráfico de drogas sea el mayor problema del país, a pesar de que las evidencias indican que carteles de la droga mexicanos y colombianos operan en la Argentina y que Argentina lidera el consumo de cocaína de Latinoamérica”.
En el mismo sentido, el cable agrega: “Aníbal Fernández insiste en que Argentina es sólo un lugar de tránsito y continúa negando la existencia de laboratorios de droga en la Argentina”.
Al mismo tiempo, destaca que “el funcionario es desde hace tiempo un defensor de la descriminalización del consumo de drogas”.
Cuando ese documento se hizo público, ningún funcionario del kirchnerismo se animó a defender a Fernández. El único en hablar fue el hoy ministro de Seguridad y lo hizo más de seis horas después de que este apareciera (Continuará).
