Michelle Bachelet denunció más represión en Venezuela y pidió el levantamiento de sanciones

Continuan las represalias contra personas que disienten con el gobierno de Nicolás Maduro, y empeora la salud de la población. La Alta Comisionada cifró en “5,4 millones de migrantes y refugiados venezolanos en todo el mundo”, y aprovechó para solicitar “despenalizar el aborto”.

Michelle Bachelet presentó hoy lunes en Ginebra un nuevo informe sobre la situación en Venezuela, que actualiza el anterior de julio pasado. Subrayó la exhortación a los Estados para que anulen “las sanciones sectoriales” contra el gobierno. Paralelamente constató que prosigue la “intimidación y criminalización de personas defensoras de los derechos humanos”, no obstante las recientes liberaciones de 152 detenidos y “la absolución de Jaulio Bratar”. Reclamó “investigar desapariciones” y “denuncias de trata de personas”, en particular migrantes y repatriados.

Michelle Bachelet también anunció que el personal de su Oficina en Caracas, va a aumentar de 6 a 12 personas por un año, toda vez que reveló “ocho casos de protestas … (donde) las fuerzas de seguridad o los grupos armados civiles progubernamentales denominados colectivos “, cometieron “violaciones de los derechos humanos … incluidos por lo menos una ejecución extrajudicial”, además de unas 45 “detenciones y arrestos ilegales o arbitrarios”. Añadió 33 casos más de amenazas, hostigamiento y detenciones arbitrarias en perjuicio de activistas por los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, estudiantes y sindicalistas.

El gobierno de Maduro, mediante un comunicado, rechazó “las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuando se inscriben en el guión político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir a Venezuela”, al tiempo de tomar nota que el documento de Michelle Bachelet “reafirma los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos de América a partir del 2014”.

La Alta Comisionada manifestó además haber documentado “procesos penales contra seis personas y amenazas contra periodistas y científicos, por investigar y publicar información incompatible con los datos oficiales del gobierno” relativos al derecho a la salud. Sostuvo al respecto que “la pandemia de COVID-19 agravó desafíos estructurales preexistentes exacerbados por las medidas coercitivas unilaterales sectoriales”. Citó atrasos para la compra de vacunas por el congelamiento de cuentas bancarias y la suspensión del programa nacional de transplantes, ocasionando “la muerte de 960 personas, incluidos 150 niños”. Se alarmó por deterioro de la salud en los pueblos indígenas, con malnutrición, y brotes de malaria, tuberculosis, neumonía, sarampión, VIH, y Sars-Cov-2.

Exhortó a “los Estados miembros de la ONU”, a suspender o levantar dichas medidas coercitivas sectoriales, en virtud que “impiden los esfuerzos del Gobierno para hacer frente al impacto combinado sobre la población de la situación humanitaria y la pandemia de COVID-19”, pero no dejó de criticar a las autoridades por no “reportar información detalladas sobre beneficiarios, uso de fondos públicos, y monitoreo después de la vacunación, a pesar de las denuncias de mercados paralelos de vacunas y de solicitudes de organizaciones de la sociedad civil”.

A su vez, Bachelet se enfocó en lo que viene sucediendo “en la región del Arco Minero del Orinoco”, en cuanto “a la falta de transparencia de empresas públicas sobre sus operaciones, procesos de participación y consulta, estudios de impacto ambiental y socio cultural, y acción pública para frenar la minería ilegal y las actividades de grupos armados no estatales que operan en las zonas mineras, denominados sindicatos”.

Advirtió que tales hechos “tuvieron un impacto negativo sobre el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, sobre sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, sus derechos ambientales, su derecho a vivir en paz y seguridad, así como sus derechos económicos, sociales y culturales”. Agregó que allí fue abatido un indígena Jivi por obra de los mencionados paramilitares, sumado a alegaciones que sitúan a esos parapoliciales actuando junto a “agentes estatales”. Por consiguiente la Alta Comisionada pidió investigaciones “independientes”.

Feliciano Reyna Ganteaume, de la oenege “Acción Solidaria” con base en Caracas, recalcó la importancia de la duplicación del personal de la Alta Comisionada en Venezuela, si eso refuerza la cooperación técnica entre el gobierno y la ONU, para lo cual “debemos conocer cual va a ser el plan de trabajo. Hace falta reformar el sistema de justicia, que no es independiente, y actualmente no responde a la protección de las personas. Y se necesitan reformas policiales. Se habla de un Plan de Vacunación que tampoco se conoce, ni quienes lo implementaran. El personal de salud carece de protección y hay severas restricciones al espacio de la sociedad civil, el cual debe ampliarse”.

Marino Alvarado, coordinador del “Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos”, otra oenege asentada en Caracas, valoró que “el informe de Bachelet destaca la crítica situación de los trabajadores del sector formal (56,1 %) y de los pensionados venezolanos con un ingreso promedio de entre dos y cinco dólares estadounidenses, y ni qué decir del otro 43.9% de los trabajadores que o están desempleados o están en el sector informal. Sobre los programas de transferencia alimentarias para mitigar los efectos de la pandemia, no hay información pública detallada sobre el presupuesto, la participación y la fiscalización de estos programas”

“Aunque el informe de Bachelet parece estar redactado para no poner en evidencia los retrocesos, mostrando la parte llena del vaso, la situación de Venezuela sigue siendo una emergencia humanitaria compleja, con dramáticas y cotidianas tragedias humanas. Nos sigue preocupando que la Alta Comisionada matice sus informes en aras de mantener su presencia actual en el país. Esta actitud, lejos de fortalecer su trabajo, lo debilita, así como debilita las posibilidades de negociar un buen memorándum de entendimiento para la creación de una oficina permanente en Venezuela”, concluyó Marino Alvarado.