Una denuncia picante, en el momento más álgido de la campaña electoral mendocina. Refiere a la eventuel comisión de los delitos de defraudación y estafa.
Involucra a un peso pesado: el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho. También a sus familiares y otros miembros de la conducción del sindicato aliado al cornejismo.
No refiere a informantes off the récord, sino a documentos y registros bancarios que demuestran que la asociación gremial de marras transfirió al menos 6,7 millones de pesos a las cuentas personales de Macho, su esposa y secretaria general adjunta, Adriana Iranzo. La revelación es de los colegas del implacable portal El Otro. La crónica es imperdible:
Desde mayo del año pasado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Mendoza desvió al menos 6,7 millones de pesos, sin justificación legal alguna, a las cuentas bancarias personales de Roberto Macho, Adriana María Iranzo, Gabriel Iranzo, Alejandro Iranzo, Graciela Miriam Navarro y Mihail Zagorac Baranovic.
La información se desprende del análisis de los “movimientos históricos” de la caja de ahorro 6280135706, del Banco de la Nación Argentina, correspondiente a ATE Mendoza. Desde esa cuenta salieron las siguientes sumas a los CBU personales de miembros de la conducción del sindicato y familiares:
Roberto Macho | Secretario general
DNI 24.633.959. CBU 0110285930028508046783
Recibió: $3.150.000
Adriana Iranzo | Secretaria general adjunta
DNI 23.547.021. CBU 0110628830062803329615
Recibió: $1.470.000
Mihail Zagorac | Secretario administrativo
DNI 18.806.715 | 0110636330063604248529
Recibió: $1.880.000
Graciela Navarro | Secretaria de finanzas
DNI 18.080.168. CBU 0110629530062904795229
Recibió: $156.000
Alejandro y Gabriel Iranzo
Recibieron: $ 95.000
Conforme a lo consignado en el expediente judicial N° 88019/21, estos desvíos de fondos de la asociación gremial a cuentas particulares fueron realizados entre fines de mayo y noviembre de 2020. En la mayoría de los casos, los montos transferidos se registraron como “varios”, en concepto de “gastos de representación o gastos gremiales”, sin más precisiones.
A partir de todas estas pruebas, el Ministerio Público Fiscal dio inicio a una investigación penal para determinar por qué, en ese lapso, Roberto Macho y su pareja Adriana Iranzo recibieron más de 4,6 millones de pesos, llegando en algunos meses -como en el caso de agosto- a reunir entre ambos alrededor de un millón y medio de pesos, sin autorización de la organización sindical que justifique semejante transferencia directa de fondos.
Afiliaciones truchas
No solo las responsabilidades respecto a desvíos irregulares de fondos están en la mira de la Justicia, sino que además la Unidad Fiscal de Delitos Económicos investiga la incorporación de más de mil afiliados a ATE Mendoza, con la autorización del Gobierno provincial, a través de fichas falsificadas.
A propósito, puntualiza la denuncia: “Cabe señalar que durante la gestión del mismo (por Roberto Macho) se han producido graves irregularidades en perjuicio de la Asociación Sindical, tal como afiliaciones compulsivas, lo cual hizo que dichos afiliados solicitaran la baja y la devolución de los descuentos efectuados, por ejemplo en el año 2017 (septiembre), se procedió a afiliar compulsivamente a los empleados de Salud y Desarrollo Social que en total fueron 1061 afiliaciones, de los cuales en octubre del mismo año hasta la fecha presentaron las bajas al sindicato ochocientos cincuenta y un empleados, solicitando además el reintegro del dinero descontado alegando que nunca se afiliaron a ATE, lo cual derivó en un perjuicio concreto al sindicato ya que el mismo debió reintegrar sumas de dinero, con más costas y someterse a procesos judiciales, con el consiguiente descrédito a la Asociación”.
Este tipo de maniobras ilegales ya fueron denunciadas en 2017 por el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea). En la causa 153139/17, contra Roberto Macho y el Consejo Directivo de la Asociación Trabajadores del Estado, consta que durante aquel año ATE procedió a retener aportes de cuota sindical, incurriendo eventualmente en el delito de estafa, defraudación y retención indebida. “Los agentes (del ámbito de la Salud) a los cuales se les practica retención indebida y que nunca fueron afiliadas, ascienden según nuestra investigación a un total de más de 800 agentes, lo que demuestra la irregularidad y el grave delito del cual estamos hablando”, señala el escrito que fuentes judiciales pusieron a disposición de este diario.
¿El fin del carpetazo?
La documentación y testimoniales incorporadas al expediente dan cuenta de centenas de afiliaciones truchas que generaron el ingreso de cuantiosos fondos a ATE Mendoza, vía retenciones ilegales. Las responsabilidades de Macho y parte de la conducción del sindicato están acreditadas, resta avanzar sobre las y los funcionarios del Gobierno de Mendoza que, teniendo la obligación de controlar la legitimidad de las fichas de afiliación, habrían posibilitado -por acción u omisión- la presunta estafa.
El avance en los últimos días de estas y otras causas rompería un secreto a voces que anticipamos desde hace años en EL OTRO: la utilización de carpetazos judiciales por parte del exgobernador Alfredo Cornejo para extorsionar al secretario general de ATE, toda vez que le fuera necesario al Gobierno la firma de acuerdos salariales y laborales en favor del Ejecutivo y, obviamente, en contra de los intereses de los trabajadores estatales. Como la vergonzosa acta paritaria a la baja de julio pasado o la inédita intromisión de Macho en la paritaria docente 2021, para evitarle al gobierno el costo del decretazo salarial y, de paso, engordar las arcas de ATE con aportes “solidarios” surgidos de convenios salariales muy por debajo de los índices de inflación que se proyectan para este año.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por este medio, la Unidad Fiscal de Delitos Económicos solicitará medidas urgentes para avanzar en las imputaciones de Macho e Iranzo. “¿Es posible que haya detenciones?”, consultó este diario. “Nada se descarta”, fue la respuesta del importante funcionario del Ministerio Público Fiscal que conoce de cerca la causa, aunque prefirió preservar el secreto de las actuaciones.
