En las últimas horas, el senador provincial del Frente de Todos, Alejandro Abraham, se interesó por el “porno escándalo” que viene denunciando el ciudadano Sergio Parodi desde hace varios años.
“Hoy pedí la acumulación de todo, porque está todo repartido por todo lados; pedí el tratamiento urgente de todos los temas sobre la base del proyecto que ya tiene media sanción en Diputados”, contó el legislador, en referencia al proyecto de ley que desapareció extrañamente luego de que fuera aprobado en la Cámara baja mendocina.
Y añadió: “Habrá que corregir lo que haya que corregir incluso las notas y pronto despacho, y hablé con la gente de Derechos y Garantías para que le den tratamiento urgente a toda la problemática. Hice mención específica a eso”.
Finalmente, Abraham puntualizó: “El trámite ya ha comenzado sobre la base de lo que está hecho para evitar tantas dilaciones”.
Como viene contando Diario Mendoza Today, la historia arranca en 2004. Ese año, una jueza llamada Fabiana Martinelli dictó una medida cautelar inédita, exigiendo que los sitios web de la Argentina “publiciten” páginas puntuales ante las cuales “se pueda denunciar el contenido de pornografía infantil en internet”.
La resolución fue dirigida puntualmente a Nic.Ar, el registro de todas las páginas web y sus propietarios, dependiente de la Cancillería Nacional. En esos días a cargo de Rafael Bielsa.
La medida judicial no fue casual: fue la respuesta a un recurso de amparo presentado por 400 ciudadanos, entre ellos el mencionado Sergio Parodi, célebre por hacer rimbombantes denuncias.
El expediente se caratuló “Parodi, Sergio Aldo c/propietarios y proveedores de internet por acción de amparo” y llevó el número 125.753.
Sin embargo, la medida jamás fue cumplida por Bielsa, quien tampoco dio cuentas a la Justicia por la omisión de la orden de una magistrada.
A ello se suma otra polémica, que se generó en la provincia de Mendoza, luego de que el referido Parodi presentara un escrito en la Legislatura local, también en 2004. Ante el entonces presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, Diego Martínez Palau.
“Desde hace tiempo, en cualquier computadora en el ámbito de nuestra provincia, se puede acceder a diversos sitios que constituyen francas violaciones a los derechos innatos del ser humano en su etapa de crecimiento y formación, implicando sexo, sometimiento y pornografía con niños, lo que constituye un verdadero delito de lesa humanidad”, arranca la nota.
Y puntualiza: “A tales sitios puede acceder se desde los servidores de nuestro país, quienes distribuyen sin tapujos dichas imágenes, comprensivas de graves y detestables delitos contra la naturaleza humana. Muchas de estas páginas se divulgan gratuitamente y en forma libre por servidores locales, que las redistribuyen sin ningún tipo de limitaciones, a pesar de implicar tal hecho, la comisión de flagrantes delitos en violación a leyes nacionales como la 25.690 y 25.763, constantemente transgredidas por los proveedores”.
Explica Parodi en su escrito: “La primera de ellas obliga a los proveedores de Internet a ofrecer el software de protección que impida el acceso a sitios específicos al momento de ofrecer los servicios de internet. La segunda de las normas supra citadas, aprueba el protocolo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que es complementaria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, incorporada a nuestra legislación por la Reforma Constitucional de 1994 como leyes de la Nación”.
Allí, el deportista conmina a los órganos de Poder a “adoptar las medidas para garantizar la seguridad y salud psicofísica de sus habitantes ante este tipo de agresiones extrañas, máxime si la misma se concreta en Nuestro territorio con intervención de elementos locales (Los servidores que sirven para propagar el delito)”.
Y especifica: “La única opción es que el Estado, a través de sus Organos de Poder, intervenga en defensa de los más elementales derechos de su población, y en especial se solicita la intervención de ese Cuerpo para que a través de esta Comisión adopte todas las medidas necesaria e idóneas a fin que se evite al menos en nuestra Provincia la propagación de tales imágenes, como continuación de los efectos de aberrantes delitos”.
La Auditoría de Ética Pública ya investiga el “porno escándalo” de Mendoza
