Este martes 31 de agosto, Sergio Parodi presentó un escrito ante la Auditoria de Ética Publica de Mendoza (ver documento al pie), a efectos de que investigue la extraña evaporación del proyecto de ley que impulsó oportunamente contra el negocio de la pedofilia.
Es una trama intrincada, nada sencilla, que denota alguna complicidad entre la política —algunos políticos— y la mal denominada “pornografía infantil”.
En su exposición, Parodi expuso: “Señor auditor, tengo el agrado de informarle que el proyecto proyecto de ley 51.000 ha desaparecido del Senado de Mendoza; con abundantes pruebas sobre el negocio pedófilo y la industria pornográfica”.
Al mismo respecto, el denunciante puntualizó: “Este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Según los términos de la Ley 8993; todos tenemos derecho a saber qué sucede en nuestro Senado, por ello le pido con extrema urgencia investigue este escándalo”.
Como ya contó este medio, la historia arranca en 2004. Ese año, una jueza llamada Fabiana Martinelli dictó una medida cautelar inédita, exigiendo que los sitios web de la Argentina “publiciten” páginas puntuales ante las cuales “se pueda denunciar el contenido de pornografía infantil en internet”.
La resolución fue dirigida puntualmente a Nic.Ar, el registro de todas las páginas web y sus propietarios, dependiente de la Cancillería Nacional. En esos días a cargo de Rafael Bielsa.
La medida judicial no fue casual: fue la respuesta a un recurso de amparo presentado por 400 ciudadanos, entre ellos el mencionado Sergio Parodi, célebre por hacer rimbombantes denuncias.
El expediente se caratuló “Parodi, Sergio Aldo c/propietarios y proveedores de internet por acción de amparo” y llevó el número 125.753.
Sin embargo, la medida jamás fue cumplida por Bielsa, quien tampoco dio cuentas a la Justicia por la omisión de la orden de una magistrada.
A ello se suma otra polémica, que se generó en la provincia de Mendoza, luego de que el referido Parodi presentara un escrito en la Legislatura local, también en 2004. Ante el entonces presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados.
“Desde hace tiempo, en cualquier computadora en el ámbito de nuestra provincia, se puede acceder a diversos sitios que constituyen francas violaciones a los derechos innatos del ser humano en su etapa de crecimiento y formación, implicando sexo, sometimiento y pornografía con niños, lo que constituye un verdadero delito de lesa humanidad”, arranca la nota.
Y puntualiza: “A tales sitios puede acceder se desde los servidores de nuestro país, quienes distribuyen sin tapujos dichas imágenes, comprensivas de graves y detestables delitos contra la naturaleza humana. Muchas de estas páginas se divulgan gratuitamente y en forma libre por servidores locales, que las redistribuyen sin ningún tipo de limitaciones, a pesar de implicar tal hecho, la comisión de flagrantes delitos en violación a leyes nacionales como la 25.690 y 25.763, constantemente transgredidas por los proveedores”.
Explica Parodi en su escrito: “La primera de ellas obliga a los proveedores de Internet a ofrecer el software de protección que impida el acceso a sitios específicos al momento de ofrecer los servicios de internet. La segunda de las normas supra citadas, aprueba el protocolo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que es complementaria de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, incorporada a nuestra legislación por la Reforma Constitucional de 1994 como leyes de la Nación”.
Allí, el deportista conmina a los órganos de Poder a “adoptar las medidas para garantizar la seguridad y salud psicofísica de sus habitantes ante este tipo de agresiones extrañas, máxime si la misma se concreta en Nuestro territorio con intervención de elementos locales (Los servidores que sirven para propagar el delito)”.
Y especifica: “La única opción es que el Estado, a través de sus Organos de Poder, intervenga en defensa de los más elementales derechos de su población, y en especial se solicita la intervención de ese Cuerpo para que a través de esta Comisión adopte todas las medidas necesaria e idóneas a fin que se evite al menos en nuestra Provincia la propagación de tales imágenes, como continuación de los efectos de aberrantes delitos”.
Junto a la nota de marras, Parodi aportó documentación probatoria, lo cual derivó en un proyecto de ley que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados y, luego, se extravió en la Cámara de Senadores. Sin mayor explicación. Provocando un escándalo de proporciones del cual nadie habla en Mendoza.
Consultado por Mendoza Today, Parodi explicó cómo empezó la trama maldita, explicada más arriba: “La jueza Martinelli ordena una cautelar que Rafael Bielsa desde Cancillería jamás quiso cumplir, y a raíz de ahí se produce el encubrimiento”.
-Tenemos entendido que la jueza había impulsado un peritaje que demostró enorme cantidad de páginas web de pornografía infantil…
-Sí, el experto informático acreditó dos billones de sitios vinculados al abuso sexual infantil y la pornografía en general.
-Más allá de lo de Bielsa, está lo de la pérdida del expediente…
-Claro, luego el escándalo siguió porque un proyecto de ley con media sanción de Diputados pasa a Senadores, que pierden el expediente con prueba documental y todo. Luego lo termina de coronar la jueza Olga Pura de Arrabal: al estar involucrada la empresa Arlink, rechaza esta acción de amparo colectivo. No nos queda otra que hacerlo público y expresar que la pedofilia tiene aliados muy poderosos en el Senado.
Nada que agregar. Como dice aquella célebre frase del saber popular, “más claro, echarle agua”.
