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Desmienten al Gobierno de Mendoza por el presunto rechazo de solicitudes de créditos de empresas

El secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, salió hoy al cruce de declaraciones formuladas por autoridades mendocinas que señalaron que el Ministerio de Desarrollo Productivo rechazó solicitudes de créditos de 11 empresas cuyanas presentadas en el marco del Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva.

La cartera nacional, en un comunicado, señaló que los controles previos para la aprobación de los créditos estaban a cargo del Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, “quien debió haber rechazado dichas solicitudes por no estar debidamente encuadradas en lo dispuesto por la Resolución 245/2021, habiendo remitido los expedientes a la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores (SEPyME) sin haber cumplido con el paso previo a su cargo”.

“La cartera provincial no detectó que, por un lado, 8 solicitantes no correspondían a actividades productivas alcanzadas por el programa, y que las otras tres empresas no cumplían con las condiciones necesarias para acceder. Entre otras inconsistencias, estas últimas tres firmas ni siquiera incrementaban su nómina de personal, -una de las condiciones básicas para acceder al programa-, y hasta en algunos casos se constataron reducciones de personal o modalidades de contratación (contrato a plazo fijo) que no estaban contempladas en la normativa vigente”, precisó Desarrollo Productivo.

Merediz, a través de su cuenta en la red social Twitter, recordó que desde diciembre de 2019, el Gobierno nacional lanzó 31 líneas de crédito por $230 mil millones para inversión productiva, capital de trabajo, desarrollo federal y desarrollo exportador.

“Sólo en Mendoza, el Gobierno nacional movilizó recursos por más de $29.300 millones para sostener y reactivar el entramado productivo. No hay peor ciego que el que no quiere ver“, agregó el secretario.

Por su parte, al participar ayer del Seminario Adimra Joven, el ministro Matías Kulfas manifestó su deseo de que “el programa que implementamos con la provincia de Mendoza, que arrancó medio flojito, esperamos que se pueda desarrollar en las próximas semanas”.

“Hemos tenido muy pocas presentaciones, por eso destacamos que el gobierno de la provincia tome un papel más activo en materia de difusión”, dijo Kulfas, para luego aclarar que “es la provincia la que tiene a su cargo la primera selección” de las empresas postulantes.

“Digo esto porque se dijo erróneamente que se rechazaron 11 presentaciones y en realidad no rechazamos nada, eran presentaciones que no eran parte de los sectores que estaban seleccionados, y que debieron haber sido dejado de lado previamente por la provincia porque no cumplían los requisitos del acuerdo que firmamos”, enfatizó el ministro.

El Ministerio de Desarrollo Productivo firmó acuerdos para la implementación de los Regímenes de Promoción de Empleo con las provincias de San Juan, Mendoza y Entre Ríos. Esos acuerdos permiten la creación de nuevos empleos en un esquema a partir del cual el FONDEP se hace cargo de una proporción de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, según explica este sábado la agencia de noticias Télam.

“En ese marco, las provincias firmantes tienen a su cargo la difusión y la realización de los controles de aplicabilidad para determinar si las empresas cumplen las condiciones de acceso a los beneficios que otorga el Estado nacional para la creación de puestos de trabajo”, advierte el mismo medio.

De acuerdo al convenio de adhesión firmado entre Mendoza y Nación, es la provincia la responsable de verificar que las empresas cumplan con los requisitos para obtener los beneficios del programa.

Por su parte, la SEPyME, en su calidad de autoridad de aplicación del Programa Federal de Fortalecimiento de la Reactivación Productiva, tiene la obligación de verificar la inexistencia de deudas previsionales, laborales y/o de la seguridad social vigente o impositivas exigibles; y la inexistencia de sanciones laborales conforme la información obrante en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL), entre otras cuestiones.

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