En estas horas, Walter Bento, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez son parte de una trama de novela, que refiere a cuestiones políticos y judiciales, en el marco de las elecciones de este año.
El juez mendocino debe decidir si el gobernador de Mendoza violó la Constitución o no, al presentarse como candidato testimonial. Por ahora, dio a entender que no lo hizo, pero dejó una puerta abierta para intervenir en el futuro.
Quien sigue ello de cerca es Cornejo, porque Suarez tracciona con su buena imagen la lista de Cambia Mendoza.
El que cuenta la trama de manera impecable, como siempre, es Ignacio Zuleta en diario Clarín. Como se aclara siempre, es uno de los periodistas más informados y con mejores fuentes de la Argentina:
Para entretener al personal, el jueves puede empezar a agitarse el follaje en la Justicia Electoral. El Consejo de la Magistratura analizará, en la Comisión de Disciplina, el descargo que envió hace unos días el juez electoral de Mendoza, Walter Bento, a las acusaciones por presuntos delitos que motivaron su procesamiento. En el descargo pide que se provean pruebas contra las acusaciones del fiscal que lo investigó.
Esa comisión la preside la senadora peronista por el Chaco, María Inés Pilatti Vergara, y el instructor es el diputado por el PRO porteño Pablo Tonelli. El debate sobre las pruebas es previo a la decisión de suspenderlo o no. Es emblemático este caso, porque Bento debe vigilar las elecciones en la quinta provincia con mayor cantidad de votos, y la que decide senadores y diputados nacionales.
Hay cuestiones abiertas porque en el cierre para las PASO el oficialismo de Cambiemos anotó al actual gobernador como candidato a senador suplente. Esto presume que Alfredo Cornejo será elegido senador este año, que puede ser gobernador en 2023 y que puede reemplazarlo en la banca Rodolfo Suarez.
La constitución provincial prohíbe que un mendocino pase de la gobernación al Senado antes de un año desde que dejó el cargo. Suarez ha sido impugnado por sus adversarios. El peronismo, por su lado, inscribió listas colectoras que estaban prohibidas por un decreto. Los adversarios también impugnan el mecanismo.
Bento analizó los dos casos y dijo que debe decidirse recién cuando se oficialicen las candidaturas a las elecciones generales. Hasta el final de las PASO es una cuestión interna de los partidos. Cuando se sepa quiénes son los ganadores recién se podrá discutir la legalidad de colectoras, testimoniales o domicilios, como ocurre en candidatos que se pasan de un distrito a otro.
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