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Una investigación periodística internacional revela el espionaje a 50.000 activistas y políticos

El consorcio de periodistas 'Forbidden Stories' dejó al descubierto que regímenes autoritarios de una decena de países compraban datos que eran recabados a través del spyware de la empresa israelí de vigilancia Pegasus.

Desde 2016, clientes de NSO Group Pegasus pudieron filtrar e identificar más de 50.000 números de teléfono de activistas de derechos humanos, periodistas y abogados de todo el mundo, a quienes consideraban “de interés”.

Figuran en los datos más de 180 periodistas de Financial Times, CNN, New York Times, France 24, The Economist, Associated Press y Reuters.

“Esta será la historia del año”, calificó Edward Snowden, extécnico de la CIA que trabajó como consultor para la Agencia Nacional de Seguridad y había denunciado hace ocho años que el Gobierno de EEUU utiliza un programa de espionaje para vigilar las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo. Fue acusado de traición.

El descubrimiento del ciberataque surgió tras una investigación realizada por los diarios ‘The Guardian’, ‘Le Monde’, ‘Süddeutsche Zeitung’ y ‘The Washington Post’, entre otros 16 medios de comunicación que forman el ‘Proyecto Pegasus’, con sede en París, en el que llega a la conclusión de que procedió desde un software de piratería vendido por la empresa de vigilancia israelí Pegasus.

El spyware en cuestión es un software que se inserta en el teléfono a través de una falla que el fabricante todavía no pudo detectar y por ese medio se llega a controlar el núcleo del sistema.

A partir de esa intromisión, quien lo colocó puede acceder a toda la información del teléfono y vigilar cada dato y movimiento.

Una vez que entra Pegasus ya no hay aplicaciones seguras: se abren Whatsapp o Telegram, por ejemplo,

La revelación echa luz sobre el abuso global de un arma de cibervigilancia a través de datos que se habrían vendido a clientes de NSO como Azerbaiyán, Bahrein, Kazajstán, México, Marruecos, Ruanda, Arabia Saudita, Hungría, India y los Emiratos Árabes Unidos.

La compañía de vigilancia rechazó la vinculación asegurando que está destinada solo a adquirir datos contra “delincuentes y terroristas”.

El portal Tribuna de Periodistas anticipó la trama hace más de un año en una nota titulada “Así actúa Pegasus, el software con el que espían a los periodistas”, revelando que en la Argentina la AFI usaba el mismo “programa”.

 

Fishing o hackeo, la duda

Lo que no se detectó aún es si los dispositivos fueron infectados con Pegasus o víctimas de un hackeo, pues los datos demuestran que los clientes gubernamentales de NSO fueron identificados antes de una posible vigilancia.

Así, quedó al descubierto que México fue el país que más números de teléfono recopiló. Y Marruecos y Emiratos Árabes habrían seleccionado más de 10.000.

El número de un reportero mexicano asesinado, Cecilio Pineda Birto, apareció en la lista porque aparentemente era de interés para un cliente connacional en las semanas previas a su final fatal.

El aparato nunca fue encontrado, por lo que ningún análisis forense pudo establecer si estaba localizado.

Por su parte, NSO aclaró que, aunque el teléfono de Pineda hubiera sido atacado, esto no significa que los datos recopilados hubieran sido utilizados, de alguna manera, para su muerte, y enfatizó que los gobiernos podrían haber dado con su ubicación por otros medios.

Sin embargo, lo cierto es que figuraba entre al menos 25 periodistas mexicanos aparentemente seleccionados como candidatos a ser vigilados durante dos años.

Después del relevamiento, el consorcio determinó que algunos de los datos que estaban en la lista filtrada tenían rastros del software espía Pegasus.

‘Forbidden Stories’, con sede en París, es una organización sin ánimo de lucro que depende del apoyo financiero público. A través de la colaboración entre periodistas se formó un consorcio de medios locales e internacionales para investigar el ‘Proyecto Pegasus’. 

Publicará el primer capítulo de esta exclusiva mundial a partir de las 21:00 en España, en el cual se revelarán las identidades de las personas que aparecían en la lista, entre ellas, empresarios, figuras religiosas, académicos, personal de ONG, sindicatos y funcionarios -ministros, presidentes y ministros-.

En concreto, en la investigación se afirma que se encontrarían datos de familiares de un gobernante de un país.

Amnistía Internacional también tuvo acceso a la lista filtrada y compartida.

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