Decanos y profesores de las facultades de Derecho de Universidades privadas de la provincia, participaron del encuentro que mantuvieron hoy las comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales de ambas Cámaras, para continuar con el análisis del proyecto de reforma constitucional.
En esta oportunidad, y dando continuidad a la ronda de consultas que desde hace meses vienen realizando las comisiones de LAC, de manera conjunta, fueron convocados los decanos de las facultades de Derecho de las universidades Champagnat, Abel Albarracín; de Congreso, Alberto Rez Masud, y de Mendoza, Diego Carbonell, además de Mariano Domínguez, a cargo del departamento de Derecho Público de la Universidad del Aconcagua y David Terranova, profesor de la carrera en la Universidad Maza.
Al inicio de la reunión, que estuvo presidida por el senador Marcelo Rubio (UCR), Domínguez hizo un repaso histórico sobre los intentos de reforma de la Constitución de Mendoza desde 1916 en adelante, y señaló que “este tema ha ocupado largos años de la historia de Mendoza y como representantes de las universidades creo que mayoritariamente hay una vocación, una visión sobre la necesidad de reformarla. Son pocos los autores que pueden sostener que es mejor mantener la norma constitucional que hoy nos rige. Más allá de que podamos tener diferencias en cuanto a las herramientas a incorporar, creo que está ese consenso general en los ámbitos académicos“.
Indicó que en 1914, cuando es sancionada la Ley que luego dará origen a la Constitución del ´16, “Mendoza era cuasi una aldea tanto en lo poblacional como en su conformación. Desde entonces, han pasado cinco procesos que han quedado inconclusos” y esto nos muestra que “todos los partidos políticos han estado en diversos momentos, a favor de la reforma”.
Como puntos centrales, Domínguez habló de la reforma del poder Legislativo, indicando que “puede ser discutido por algunos autores, pero es necesario el debate”; la necesidad de una Constitución acorde “a los signos de estos tiempos”, así como establecer “un modelo político y económico para una verdadera reforma institucional”. Estos aspectos pueden plantearse en cuatro objetivos, dijo: más ciudadanía y participación; mejor representación política para integrar lo poblacional con lo territorial; mayor transparencia electoral y mayor transparencia y eficacia institucional.
Por su parte, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Champagnat, Abel Albarracín, remarcó “la trascendencia que ha tenido para la vida política e institucional de la provincia, la Constitución. Es una de las únicas que no se modificó con el regreso de la democracia y no fue casual, tenemos una muy sabia Constitución que nos rige desde 1916 y que ha sido un ejemplo a nivel nacional e internacional”.
No obstante, indicó que “ha sido omitida en distintos ámbitos” y que “poco que se cita a la Constitución provincial” incluso en los ámbitos académicos. Por eso, apeló a “reposicionarla porque nos ha regido brillantemente durante 100 años, ponerla en valor, pero ha llegado un momento en que hay que sentarse a debatir seriamente su modificación”.
Respecto de los temas propuestos, consideró como “el más estructural”, el unicameralismo. “Lo he pensado, discutido, tiene sus pro y contras”. Para el profesional, “es una ventaja la rapidez en el análisis de las leyes, pero también es una debilidad, por la falta de profundidad”. “Debería revisarse la posibilidad de darle un doble tratamiento a determinadas leyes. Además debería avanzarse para las mayorías especiales en ciertos temas que se verán afectados por la unicameralidad”.
Por otra parte, expresó que cuestiones de género, ambientales, del agua, “hoy bajo ningún aspecto pueden estar ausentes, como así también, el garantizar derechos homogéneos mínimos. Es un buen momento para fortalecer la transparencia, y en ello, hablar de los diferentes organismos de control, lograr la independencia institucional pero sobre todo presupuestaria, es elemental”.
A su turno, Alberto Rez Masud sostuvo que “estoy de acuerdo que no tiene que ser urgente pero no se debe confundir la no urgencia con lo que ha venido pasando durante todos estos años. Si bien no es urgente, hay que darle un tratamiento como se le está dando, sin mezquindades, con la participación de los distintos sectores y no comparto que hay que convencer a la gente sobre la reforma sino explicar, persuadir, hacer entender que realmente una actualización de nuestras instituciones nos va a beneficiar a los mendocinos”.
Resaltó la necesidad de trabajar y debatir aspectos como “la representación territorial, la revocación de mandato, la transparencia institucional” y afirmó que Mendoza, “ya ha dado ejemplos como las reformas a los Códigos de procedimiento. Así como hemos dado el ejemplo en estos temas hoy nosotros podemos dar y marcar el camino a seguir respecto a la norma que regula nuestra vida y nuestras instituciones. Creo que estamos en condiciones de trabajar no con urgencia pero sí con rapidez”.
Por último, Diego Carbonell comentó que desde que se presentó el proyecto, en la Universidad de Mendoza se organizaron tres jornadas para discutir la iniciativa con las opiniones de profesores titulares, adjuntos y de los jóvenes, “lo que le dio una mirada distinta, innovadora”.
Al igual que los otros expositores, el decano coincide en que “para hacer una reforma se requiere un gran consenso social y por supuesto, un consenso político. De otra manera no es posible.
El otro punto en el que coincidimos todos, es saber qué personalidad debe tener la Constitución, más allá de los aportes, apuntando a una modernización”.
“Creo que hoy tenemos que discutir qué queremos poner en valor, asegurar la institucionalidad, incluir cláusulas de protección al ambiente, asegurar o discutir la incorporación de los derechos de la cuarta generación, que tiene que ver con la modernización de este texto constitucional”, añadió.
De igual forma, dijo que uno de los temas a debatir necesariamente es la autonomía municipal, e hizo mención de dos puntos también a tener en cuenta según su criterio: “el procedimiento para la designación de los miembros de la Corte eliminando el voto secreto y que el acuerdo del Senado sea con una mayoría especial” y “reglamentar y poner en valor las capacidades que tienen las provincias de celebrar convenios internacionales”.
Finalmente, subrayó que “para debatir una Constitución para los futuros cien años debemos renunciar a las especulaciones políticas y pensar un texto para las futuras generaciones, para la protección de nuestros hijos y nietos. De lo contrario no hay forma de lograr un texto serio”.
