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Ahora, JxC denuncia que el Gobierno ofrece regalías petroleras como garantía a Pfizer (atenti Mendoza)

Según denunció en las últimas horas, el diputado de la UCR Gustavo Menna, el decreto que firmó Alberto Fernández para modificar la ley de vacunas y adaptarla a los requerimientos del laboratorio estadounidense Pfizer ofrecería como garantías las regalías hidrocarburíferas.

Según el legislador, el DNU, además de eliminar la “negligencia” de un laboratorio como excepción posible a las cláusulas de indemnidad patrimonial habilitadas en los contratos, se borra entre las protecciones que figuraban en la ley a los “impuestos y/o regalías adeudadas” y “los derechos de ésta para recaudar impuestos y/o regalías”.

La indemnidad refiere a que, en caso de que haya un litigio y que un laboratorio deba pagara un particular por algún daño provocado por la vacuna, ese monto debe ser luego reembolsado por el Estado nacional.

Ello, según los especialistas, es una garantía en caso de un juicio entre el Gobierno y un laboratorio por razones como falta de pago, indemnidad o discordancia en la interpretación del contrato.

En tal sentido, el artículo 3 de la ley impide la renuncia a la inmunidad en la ejecución de una serie de bienes como las regalías.

Sin embargo, el decreto las elimina y, según entienden en Juntos por el Cambio, habilitaría a que sean apropiadas por un laboratorio en caso de un litigio en el exterior.

“Se afecta, sin autorización del Congreso, un recurso de las provincias petroleras, dueñas del recurso de acuerdo al art. 124 de la Constitución”, posteó Menna en sus redes sociales, y anticipó que evaluaba junto a sus pares si aprobarán el DNU cuando se trate este martes en la bicameral de trámite legislativo.

Ciertamente, la vigencia del decreto no correría riesgo, porque únicamente se pierde si las dos Cámaras del Congreso lo derogan, lo cual es imposible por la supremacía del oficialismo en el Senado.

No obstante, el hallazgo del diputado de la UCR complica el voto a favor de Cambiemos, porque el Congreso tiene la misión de evaluar si es o no constitucional.

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